Human Rights Watch pidió al Gobierno de EU suspender todos los retornos de solicitantes de asilo a México. Foto: Archivo

Cd. de México (12 febrero 2020).- El Protocolo de Protección para Migrantes (MPP) de Estados Unidos expone a las familias con niños a esperar sus procesos de solicitud de asilo en entornos inseguros en México durante muchos meses, donde se encuentran en riesgo de asalto, maltrato y trauma, advierten Human Rights Watch y las Universidades de Stanford y Willamette en un estudio.

La organización internacional, el Programa de Derechos Mentales en Trauma de Salud Mental de la Universidad de Stanford y la Clínica de Defensa de Niños y Familias de la Universidad de Willamette, entrevistaron a padres e hijos de 60 familias que solicitaron asilo entre noviembre de 2019 y enero de 2020.

Los expertos reportaron que los padres dijeron que los procesos judiciales de inmigración prolongados, el miedo a ser encarcelados y la incertidumbre sobre el futuro afectaron la salud, la seguridad y el bienestar de sus familias.

Los entrevistados expusieron que mientras esperaban en México, ellos o sus hijos fueron golpeados, acosados, agredidos sexualmente o secuestrados.

Algunos mencionaron que la policía mexicana los había acosado o extorsionado, y la mayoría dijo que tenían miedo constante y se identificaban fácilmente como objetivos de violencia.

Muchos describieron cambios en el comportamiento de sus hijos, como que se volvieron más ansiosos o deprimidos, después de que las autoridades estadounidenses los enviaron a México para esperar sus audiencias.

"Las condiciones, las amenazas a la seguridad y la sensación de incertidumbre que enfrentan los solicitantes de asilo mientras esperan en México crea estrés psicológico crónico y severo para los niños y las familias", dijo Ryan Matlow, profesor clínico asistente en el Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford.

"Sabemos que estas formas de trauma complejo generalizado y no resuelto pueden conducir a consecuencias negativas significativas a largo plazo para el desarrollo infantil y el funcionamiento familiar".

La mayoría de las familias eran de El Salvador, Honduras y Guatemala, y algunas de Cuba, Ecuador y Perú.

Los investigadores también hablaron con abogados, médicos, proveedores de refugios, líderes religiosos y funcionarios mexicanos.

Durante un año aplicando el MPP, Estados Unidos ha enviado a México a 62 mil 144 personas que buscan protección internacional para que esperen en las ciudades fronterizas del norte.

En teoría, ciertos grupos particularmente vulnerables no deberían ser incluidos en el programa, pero los lineamientos del Departamento de Estado de Estados Unidos son vagos, y los agentes de inmigración los interpretan de manera variable.

Debido a ello, los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos regresan regularmente a México con familias con bebés y niños pequeños; familias indígenas y brasileños cuyo primer idioma no es el español; y niños y adultos con problemas de salud graves.

La organización Human Rights Watch destacó que las audiencias de asilo bajo el MPP plantean varias preocupaciones sobre el debido proceso.

Narró que, para llegar a las audiencias judiciales en Estados Unidos, las familias deben presentarse en un punto de cruce fronterizo designado, que a veces requiere que arriben a las 3:00 horas a lugares inseguros.

Los enviados a Mexicali o Piedras Negras deben realizar recorridos de 160 a 550 kilómetros para llegar a su punto de cruce fronterizo designado.

Todos los miembros de la familia, incluidos los niños pequeños, deben presentarse y sentarse en silencio para cada audiencia en la Corte.

Las familias entrevistadas contaron que con frecuencia debían esperar durante horas para una breve audiencia, y los agentes les dijeron a los padres que corrían el riesgo de ser enviados de regreso a México sin ver a un juez si sus hijos hacían ruido o no podían quedarse quietos.

Las familias denunciaron que después de cada audiencia fueron encerradas en celdas de detención de inmigrantes muy frías, a menudo superpobladas, con hombres y adolescentes detenidos por separado, a veces durante la noche o más, antes de que los funcionarios estadounidenses las regresaran a México.

Algunos entrevistados dijeron que estaban considerando abandonar sus casos de asilo porque sus hijos tenían miedo de ser detenidos nuevamente.

"Encerrar a las familias en celdas frías y superpobladas y separar a los niños de sus madres es traumático", expresó Michael García Bochenek, asesor de derechos de los niños mayores en Human Rights Watch.

"El Gobierno de los Estados Unidos nunca debería infligir crueldad a los niños, especialmente no como el precio de pasar el día en la Corte".

La organización urgió al Gobierno de Estados Unidos a terminar inmediatamente el programa y suspender todos los retornos de solicitantes de asilo no mexicanos a México.

"En cambio, debería volver a la norma global de permitir que los solicitantes de asilo permanezcan en el país donde se escuchan sus solicitudes", afirmó HRW.

"El Gobierno debe salvaguardar el derecho de los solicitantes de asilo a una audiencia justa y oportuna mediante el establecimiento de un sistema de tribunales de inmigración independiente y con recursos adecuados con representación legal designada por el tribunal para los solicitantes de asilo que son miembros de grupos particularmente vulnerables".