Busca España detectar a asintomáticos

MADRID, ES.-
AGENCIA / EFE
El Gobierno de España prepara medidas para los portadores del coronavirus que no presentan síntomas y trabajan en sectores esenciales.
En primer lugar, hacer test masivos a esta población que localicen todos esos casos.

En segundo, preparar infraestructuras que sirvan para aislar a los positivos que no requieran hospitalización y que no contagien a las personas cercanas.
Entre ellos se encuentran trabajadores de la salud, empleados de residencias de ancianos, policías, transportistas, personal de la cadena de alimentación, etc.
El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió el domingo a los presidentes autonómicos que le envíen antes del 10 de abril un listado de infraestructuras públicas y privadas para alojar a los contagiados que no requieran hospitalización.
Esto incluye también a los "positivos asintomáticos", siempre que los médicos lo aconsejen, según ha dicho el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien no descarta que se articule incluso la obligatoriedad de este aislamiento.
"Supongo que una voluntariedad manifiesta si fuese precisa sería algo factible.

Si no, se estudiarían todas las opciones legales, porque el principio fundamental es mantener la salud pública. Con exquisito respeto de los derechos fundamentales", dijo.
Es un dispositivo similar a los llamados hospitales "arca de Noé", que China usó con éxito para aislar casos leves y frenar el virus.
Según explicó previamente María José Sierra, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, preparar estas infraestructuras es una de las medidas de la siguiente fase en la crisis, en la que tras la detección precoz de todos los casos con los primeros síntomas tiene que llegar un aislamiento.
"A veces no se puede hacer en los domicilios; se están poniendo encima de la mesa todo tipo de opciones y una sería algún tipo de instalaciones", dijo.
El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, que compareció junto a Marlaska, añadió que estas infraestructuras de aislamiento estarían a disposición de los ciudadanos que las necesiten y que deseen recurrir a ellas.
La estrategia es, desde esta misma semana, comenzar a hacer test masivos en los servicios esenciales.
Es la manera, señaló Illa, en la que se podrá ir volviendo a la vida normal, "con toda la prudencia", minimizando el riesgo de que haya nuevos picos.
El Ministro aseguró que el Gobierno ha encargado cinco millones de test serológicos.

Este tipo de pruebas, que detectan anticuerpos en sangre, tiene una sensibilidad del 64 por ciento para una persona que acaba de iniciar síntomas y del 80 por ciento después del séptimo día de infección.
Complementarán a los de reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés), que seguirán siendo la base de la estrategia.
Illa señaló que su departamento está haciendo las gestiones para incrementar en un 50 por ciento la capacidad de estos test, de los que, insistió, se realizan entre 15 mil y 20 mil al día.
Parece ya olvidada la estrategia fallida de realizar también pruebas antigénicas rápidas, un tercer tipo, del que se llegaron a encargar 650 mil unidades, pero que tuvieron que ser devueltas por ineficaces.

No hay mención a ellas en el nuevo plan. Sanidad ya tiene en su poder un millón de test serológicos que repartirá desde hoy mismo a las comunidades autónomas, y otro millón llegará en los próximos días.
Más adelante, explicó Sierra, se hará un muestreo poblacional para averiguar la prevalencia de personas que han pasado la enfermedad, ya sea con o sin síntomas.

El Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de Salud Carlos III ya están trabajando en la muestra de esta especie de encuesta serológica.
Esto solo se puede hacer mediante ese tipo de test de los que el Gobierno ha encargado cinco millones, ya que son los que detectan la presencia de anticuerpos generados tras pasar la enfermedad.
Aunque no hay una certeza científica de hasta qué punto estas personas quedan inmunizadas ni durante cuánto tiempo, los expertos sí asumen que generan una protección contra la enfermedad de, al menos, meses.
El resultado será clave para hacerse una idea de la prevalencia que ha tenido la Covid-19 en la población y continuar tomando decisiones sobre cómo rebajar el confinamiento.
Antoni Trilla, epidemiólogo y asesor del Gobierno en la crisis, explicó a EL PAÍS que incluso se plantean hacer pasaportes sanitarios para que quienes hayan superado la enfermedad puedan hacer vida normal.
Dentro de esta estrategia, los hospitales "arca de Noé" pueden ser una ayuda, sobre todo si el aislamiento domiciliario no da garantías de no infectar a la familia.
"Tiene sentido en casos concretos: cuando hay una persona a la que dan el alta en el hospital y no quiere volver a la vivienda porque todavía puede estar eliminando el virus unos días, cuando hay un miembro contagiado y el resto no ha pasado la enfermedad", explica Fernando Rodríguez Artalejo, profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid.
Ildefonso Hernández, catedrático de la Universidad Miguel Hernández y portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública, explica que para los casos asintomáticos es muy difícil que estos centros se empleen de forma masiva, pero que sí pueden ser importantes en personal clave, como los sanitarios o los que están en instituciones sociales cerradas, como residencias.
Una fuente del Gobierno aseguró que la intención no es para nada obligar a las personas a aislarse en esos recintos y que se buscará el sentido común.
"Si vive una persona joven y sola seguramente no será necesario, pero si la vivienda se comparte con un anciano, será recomendable", explicó esta fuente.
La posibilidad de la hospitalización obligatoria ya existe en la legislación, siempre que la apruebe un juez.

Se ha usado en decenas de ocasiones en los últimos 20 años para internar en centros sanitarios a enfermos de tuberculosis multirresistente a medicamentos, una variedad de la enfermedad extremadamente peligrosa y con difícil cura.
La Ley de Medidas Especiales en Salud Pública, de 1986, establece que las autoridades podrán adoptar medidas de hospitalización cuando haya un "peligro para la salud de la población".