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Washington DC, Estados Unidos (16 junio 2020).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes un decreto que busca proporcionar incentivos financieros a aquellos departamentos de Policía que mejoren su formación y estándares sobre el uso de la fuerza, una reforma mucho más modesta de lo que piden los activistas en las protestas.
"Estos estándares (para el comportamiento de los policías) serán tan altos y fuertes como sea posible en la Tierra", dijo Trump a la prensa poco antes de firmar la orden ejecutiva en la Casa Blanca y después de reunirse con los familiares de afroamericanos que han perdido la vida en algunos casos a manos de policías.
La medida llega en la cuarta semana de protestas por la violencia policial contra los afroamericanos en EU y en medio de fuertes críticas a Trump por su reacción a ese movimiento.
El Mandatario dejó claro que se opone "rotundamente" a la petición de reducir los fondos a los departamentos de Policía.
El decreto que firmó Trump ordena a su Departamento de Justicia distribuir subvenciones federales sólo a aquellos departamentos de Policía que se comprometan a adoptar buenas prácticas en el uso de la fuerza y en el entrenamiento de los agentes, y que obtengan un certificado emitido por una entidad independiente.
Entre otras cosas, los departamentos que quieran optar a esas subvenciones deberán comprometerse a prohibir la práctica de agarrar del cuello para dificultar la respiración a los detenidos, la misma que acabó con la vida del afroamericano George Floyd en mayo en Minneapolis.
No obstante, bajo el decreto, esa práctica sí se permitirá cuando la vida de un agente esté en riesgo, una excepción que para muchos activistas favorece la impunidad; y el veto no se aplica a otras maniobras que no asfixian pero sí impiden el flujo de la sangre al cerebro.
El impacto de la medida es limitado, porque Trump no puede obligar a los departamentos de Policía a comprometerse con esos estándares, y sólo puede incentivarlos con la promesa de fondos federales.
El punto más ambicioso de su decreto es la orden de crear una base de datos nacional que permita compartir información a las agencias federales, estatales, locales y tribales, con el fin de que si un agente es despedido por mala conducta en una ciudad, no pueda incorporarse fácilmente al departamento de policía de otra.
La orden también recomienda a los departamentos de policía que adopten programas en los que trabajadores sociales acompañen a los agentes cuando estos respondan a llamadas sobre incidentes no violentos que impliquen a personas sin hogar, adictas o con enfermedades mentales.
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