Recaredo Arias, director general de la AMIS. Foto: Tomada de @prensAMIS

Cd. de México (22 septiembre 2020).- Para que el sector asegurador pueda realizar más inversiones "productivas", como lo pidió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), necesita incentivos como una mejora regulatoria y disponibilidad de instrumentos más amplia, dijo la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Ayer, Hacienda reconoció que las aseguradoras son ya el tercer inversionista institucional más importante del País; sin embargo, dijo que la mayor parte de sus inversiones están en bonos gubernamentales, por lo que sería más útil para México que éstas fueran inversiones "productivas".

Lo que busca el Gobierno es que el sector asegurador invierta más en deuda privada y otros tipos de deuda que financian proyectos de infraestructura energética y carretera como los Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs), explicó Recaredo Arias, director general del organismo, en la conferencia del Encuentro Digital Covid-19: Perspectivas del sector asegurador.

Sin embargo, la disponibilidad de instrumentos y papeles no es tan amplia y otro de los temas relevantes es cómo está la penalización a capital por el nivel de riesgo de estas inversiones, que es parte de lo que el sector tiene que conversar con las autoridades para que puedan darse los incentivos necesarios y poder invertir más, dijo.

"El régimen de inversión de las aseguradoras da bastantes alternativas que nos permiten movernos adecuadamente, aunque hay otros tipos de inversión de riesgo que sí tienen límites para poder invertir que son bajos.

"Esto es parte de lo que tendríamos que revisar con ellos a nivel de Ley, por el otro lado, está ver cómo está el modelo de solvencia y cómo penaliza algunas inversiones y finalmente hay otra parte que se puede resolver a través de regulación secundaria tanto en lo que es el modelo de solvencia como también los límites de inversión", señaló.

La industria aseguradora, apuntó Arias, requiere cambios regulatorios o "ajustes" a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF), que entró en vigor en 2015, y a la Circular Única de Seguros y Fianzas (CUSF) en el régimen de inversiones.