El Pleno de la Cámara sesiona este lunes. Foto: Cámara de Diputados

Cd. de México (19 octubre 2020).- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas que flexibilizan la adquisición de deuda de estados y municipios, y que permiten que los recursos para desastres naturales sean redireccionados a la atención de emergencias sanitarias.

Con 303 votos a favor, 93 en contra y dos abstenciones, diputados de Morena, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano avalaron en lo general y en lo particular reformas a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y la expedición de una nueva ley en la materia que, además, permite permite a los gobiernos locales y municipales contratar personal adicional para atender la emergencia sanitaria.

La reforma impulsada por legisladores de todas las bancadas, a excepción del Partido del Trabajo, establece que los estados podrán optar por un balance presupuestario negativo, con lo que podrán solicitar más endeudamiento cuando sean necesarias acciones extraordinarias en materia de salubridad general.

"(Se podrá incurrir en un Balance presupuestario de recursos disponibles negativos cuando) el costo de las acciones extraordinarias en materia de salubridad general para prevenir y combatir cualquier daño a la salud, que sea reconocido oficialmente por la autoridad competente", señala.

Las modificaciones avaladas luego de que el Pleno rechazó dos reservas del PRI y de MC establecen que los gobiernos locales también podrán reestructurar la deuda sin contar con la autorización de sus Congresos cuando se presenten situaciones extraordinarias por la ocurrencia de desastres naturales y de emergencias sanitarias declaradas por la autoridad competente.

Esta medida, señala el documento, deberá tener como objetivo el diferimiento de pagos de capital e intereses por un plazo de hasta tres meses adicionales al originalmente pactado, y para ello las modificaciones deberán celebrarse en el periodo en el que se encuentra vigente la declaratoria de desastre natural o emergencia sanitaria.

Además, señala que cuando el PIB registre una reducción de más del 5 por ciento las entidades federativas y municipios podrán reestructurar las obligaciones a corto plazo contratadas durante el ejercicio fiscal de dicha disminución.

Las reformas incorporan la definición de emergencia o contingencia sanitaria, para que los recursos previstos en los presupuestos estatales para desastres naturales, también se destinen a acciones extraordinarias en materia de salubridad general.

Además, faculta a los estados para que a partir de este año puedan contratar personal de salud adicional, toda vez que actualmente la ley prohíbe incrementar el rubro de Servicios Personales una vez que los presupuestos locales han sido aprobados.

Patricia Terrazas, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, indicó que las modificaciones no contravienen la Constitución, ya que la reforma establece que la reestructura de la deuda deberán hacerse bajo las mejores condiciones de mercado, los estados y municipios podrán contratar obligaciones de corto plazo a efecto de solventar problemas de liquidez siempre que éstos sean pagados en su totalidad tres meses antes de concluir su administración y deberán rendir cuentas al Congreso de sus estados.

Las modificaciones, dijo la panista, tienen como objetivo sentar las bases de actuación ante una situación de pandemia o emergencia sanitaria como la actual.

El perredista Antonio Ortega advirtió que la reforma es necesaria, dada la agresión de la Federación en contra de los estados y los municipios, que de 2019 a la fecha han registrado una reducción de alrededor de 300 mil millones de pesos en sus presupuestos.

"La agresión contra la República y el federalismo ha dejado a las entidades y municipios en condiciones difíciles para atender la emergencia sanitaria", advirtió.

Cecilia Patrón Laviada del PAN acusó al Gobierno federal de pretender atenuar sus erráticas acciones quitando recursos a diversos sectores para poder redireccionarlos a sus prioridades gubernamentales.

Afirmó que los Gobiernos estatales no desconocen el Pacto federal, pero ante la emergencia han tenido que actuar rápido, por ello han presentado hasta ahora 629 medidas oficiales, entre ellas, apoyos alimentarios, créditos y estímulos fiscales.

En su turno, el morenista Carlo Antonio Altamirano aseguró que la reforma mantiene intactas las regulaciones establecidas en 2015 en la Constitución, ya que se mantienen obligaciones como mantener actualizado el Registro Público en materia de endeudamiento, mantiene en operación el sistema de alertas por deuda, así como la prohibición de que las Participaciones se comprometan libremente como garantía.

El petista Óscar González Yáñez, cuya fracción votó en contra, lamentó que las y los diputados le den a los gobiernos locales y municipales este instrumento que alivia sus finanzas aun cuando éstos no han realizado esfuerzos de austeridad.

"Me agrada el optimismo con que todos los compañeros ven esta iniciativa de disciplina financiera y flexibilizar, yo la pregunta que haría es ¿dónde está el esfuerzo de los Gobernadores, de los Gobiernos y los municipios?, ¿Dónde está ese apretarse el cinturón para poder destinar esos recursos, precisamente lo que busca esta ley?", cuestionó.

González Yáñez advirtió quienes han llevado la deuda local a los niveles en los que actualmente se encuentran son los Gobiernos estatales, por lo que advirtió que la reforma aprobada por el Pleno puede usada de manera incorrecta y llevar a estados y municipios a problemas financieros mayores.