Reginaldo Esquer señaló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene todas las herramientas para combatir los abusos en la subcontratación. Foto: Especial

Cd. de México (24 noviembre 2020).- Representantes de cámaras empresariales acusaron que la iniciativa del Gobierno federal en materia de subcontratación estigmatiza esta práctica y genera incertidumbre para las empresas.

En el segundo día del parlamento abierto para analizar la propuesta, Reginaldo Esquer, vicepresidente nacional de Asuntos Tributarios de Coparmex, advirtió que ésta generaliza la hipótesis de que en el sector prevalecen las malas prácticas.

El especialista dijo que comparten la preocupación del Ejecutivo federal por acabar con ellas, pero advirtió que la subcontratación no se puede prohibir por el hecho de que las autoridades no han sido capaces de controlar a personas físicas y morales abusivas.

"Destacar la preocupación que se manifiesta en la exposición de motivos de esta iniciativa en donde de una manera generalizada estigmatiza el servicio de contratación de outsourcing.

A nosotros nos parece muy irregular que, de una manera a nuestro juicio un poco irresponsable, se generalice de esta manera y se justifique en esta generalización la modificación que se pretende hacer en esta iniciativa", indicó.

Esquer señaló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene todas las herramientas para combatir los abusos en la subcontratación, por lo que consideró inadecuado que el Gobierno federal plantee su eliminación.

"Podemos imaginarnos que de todas las tortillería de México, el 50 por ciento no pagan impuestos y el 50 por ciento sí, y el primer impulso del Gobierno federal y de los diputados es prohibir el consumo de tortillas, porque no pueden controlar al 50 por ciento de tortillerías que no pagan impuestos.

Nos parece absurdo", expresó.

El presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Pablo Mendoza, lamentó que con el propósito de erradicar el uso inadecuado del outsourcing, la iniciativa también afecte a aquellas empresas que sí cumplen con sus obligaciones.

"No sumamos al esfuerzo del Gobierno federal en esta iniciativa, pero lamentamos que tenga afectaciones en aquellos que sí cumplen, en aquellos que real y efectivamente cumplen con todos los elementos sustantivos para dar cumplimiento a los aspectos laborales, de seguridad social y los propios fiscales", sostuvo.

Nora Morales, también integrante de la Comisión Fiscal de la CCE, advirtió que si la propuesta es aprobada en sus términos generará incertidumbre, ya que no existe una definición clara de conceptos fundamentales y no se establece con claridad qué sucederá con aspectos como las deducciones durante el tiempo que lleve la tramitación de las autorizaciones ante las autoridades.

Dijo que no hay claridad respecto a conceptos como "actividad especializada" u "obra especializada", los cuales constituyen ejes de la reforma.

"Para poder entender qué es esta famosa actividad especializada no tenemos mayor lineamiento, está sujeto a una autorización por parte de la autoridad administrativa, y baste recordar que nos ha costado definir qué es la subcontratación en términos del artículo primero del IVA", recordó.

Además, señaló que, en materia de IVA e ISR, la iniciativa dice que las empresas deberán contar con la autorización de la autoridad y para la obtención de ésta establece un plazo de seis meses.

Morales advirtió que la propuesta no establece qué sucederá con el pago y deducción de ambos impuestos durante ese periodo.

"Para IVA e ISR dice que entra en vigor el 1 de enero, pero tan sólo las empresas tienen seis meses para obtener la autorización que es necesaria para acreditar el IVA.

Entonces, ¿qué va a pasar con el IVA de enero a junio? Y, ¿qué va a pasar con los pagos que vamos a estar haciendo de enero a junio que se tenga esa validación? Entran en fuerte discusión la validez del acreditamiento y la validez de la deducción", consideró.

Óscar Mata, director del Comité Fiscal de Index, advirtió que la iniciativa propone transferir a los contribuyentes las acciones de fiscalización que le corresponde a la autoridad, por lo que cuestionó para qué ha servido la inversión pública en materia de tecnología.

"Pretende transferir a contribuyentes acciones de fiscalización que les corresponde. ¿De qué sirven las inversiones de avances en tecnología de la autoridad si continuaremos de manera arcaica obligando a los contribuyentes a entregar información con la que la autoridad ya cuenta de manera electrónica?", criticó.

Pedro Higuera, presidente de la Comisión Fiscal de Concamin, coincidió en la necesidad de definir con claridad conceptos como "servicios y obras especializadas", ya que de lo contrario el padrón que el Gobierno federal plantea elaborar con las personas físicas y morales que obtengan la autorización de la Secretaría del Trabajo podría ser enorme y perder eficacia en materia de control.