El Senado aprobó una ley para despenalizar la mariguana, la cual ahora será analizada por la Cámara de Diputados. Foto: Archivo

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La despenalización de la siembra y el cultivo de la mariguana con fines terapéuticos, industriales o lúdicos liberará a los campesinos de la presión de los grupos de crimen organizado, consideró la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Al participar de manera virtual en el foro internacional "Política de Drogas, Acuerdo de Paz y Derechos Humanos", organizado por el Congreso de Colombia, la funcionaria dijo que la regulación del mercado de la mariguana constituye un acto de justicia para los campesinos.

"La regulación quitará del horizonte de vida de miles de campesinos, ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios rurales, una espada de Damocles, una amenaza que hoy pende sobre sus cabezas y alienta la acción del crimen organizado o no organizado para presionar, extorsionar o someter a la violencia a los productores del campo, que tradicionalmente han sido victimizados y revictimizados por el hecho de sembrar y producir la cannabis o el cannabis", señaló.

Sánchez Cordero recordó que, como senadora, presentó una iniciativa para despenalizar la mariguana y que actualmente en la Cámara de Diputados se discute la ley general para la regulación del cannabis, la cual ya fue aprobada en el Senado de la República.

"Al proponer la despenalización de la siembra y el cultivo de la marihuana con fines terapéuticos, industriales o lúdicos, así como regular la cadena completa de producción, distribución y consumo lo hice con un objetivo muy concreto que miles de campesinos víctimas de la delincuencia organizada puedan obtener permisos de siembra y tengan aseguradas la compra del producto por agentes autorizados para ello", dijo.

La despenalización de la mariguana, consideró, ayudará a cambiar el enfoque prohibicionista con el cual la mayoría de los países han enfrentado el problema de las drogas y que solo ha dejado violencia y sufrimiento.

"La política prohibicionista, seguida en los últimos años, dio pie a un incremento de la violencia y la delincuencia en nuestro país y provocó la criminalización de grupos vulnerables de la población por actividades relacionadas a la producción de cannabis y otras sustancias.

Sobre todo, esa política ha sido deficiente en proteger la salud, la seguridad y el respeto a los derechos humanos", sostuvo.