Rosario Robles, ex titular de la Sedatu. Foto: Archivo

Cd. de México (26 marzo 2021).- Un juez federal dio inicio a la audiencia en la que la Fiscalía General de la República acusará y pedirá 21 años de prisión contra Rosario Robles, por supuestamente haber sido omisa ante los desvíos de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos en el caso de la Estafa Maestra.

Después de cinco meses y cuatro aplazamientos, en punto de las 10:16 horas Ganther Alejandro Villar Ceballos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, acordó iniciar la audiencia intermedia de la ex titular de la Sedatu y la Sedesol.

A principios de semana, Robles solicitó por escrito no estar presente en esta audiencia, debido a que sólo se tratarían asuntos de técnica jurídica; sin embargo, el juez rechazó su pedido porque consideró que ella debe dejar constancia ante la autoridad judicial de que renunció a buscar un procedimiento abreviado para declararse culpable y obtener una pena menor.

En esta diligencia, los fiscales federales Mónica Martell, Teresa Maldonado y Manuel Granados, formularán en forma oral ante el juez la acusación contra la ex funcionaria por el delito de ejercicio indebido del servicio público, solicitarán la pena máxima de prisión y exigirán una reparación del daño equivalente a los más de 5 mil millones de pesos desviados.

Una vez desahogado lo anterior, la FGR y la defensa entrarán a un debate para depurar las 353 pruebas ofrecidas por ambas partes; es decir, se discutirá si los elementos son pertinentes y legales para ser considerados en el juicio.

La duración de esta audiencia y su probable segmentación en varias otras dependerá de los acuerdos probatorios entre las partes, es decir, de la cantidad de pruebas que la FGR y la defensa acuerden que ya no serán objeto de debate.

En otros casos, la audiencia intermedia se ha dividido en varias sesiones durante días o incluso semanas.

Los datos de prueba que en principio contempla este asunto son 300 de la FGR y 53 de la ex Secretaria de Estado.

Epigmenio Mendieta, abogado de la imputada, dijo que va a solicitar que sean invalidadas casi todos los datos de prueba que ofreció la Fiscalía para el juicio, algo que la FGR también va a plantear en contra de las evidencias que presentó la defensa.

"Nosotros vamos a debatir la mayor parte de esas pruebas que ofrece la Fiscalía, porque la mayor parte de ellas son reiterativas y sobre abundantes, lo mismo que menciona un testigo quieren probarlo con 3, con 4 o con 5, incluso", dijo Mendieta previo a ingresar a la audiencia.

"Yo no me voy a desistir de ninguna de mis pruebas, incluyendo el testimonio de Emilio Zebadúa, si Emilio dice algo, tendrá que venir a decírselo a ella, porque además, parte de la obligación que él adquirió con su criterio de oportunidad es que comparezca en el juicio; entonces, no me estaría haciendo un favor a mí, es una de las funciones del proceso y tendrá que cumplir con su obligación".

En el caso de la Fiscalía, las pruebas ofrecidas consisten en 231 documentos, entre ellos convenios, contratos, anexos técnicos, dictámenes periciales, oficios de notificación, nombramientos, copias de denuncias penales y de vinculaciones a proceso e informes de auditorías, entre otros.

También, 56 testimonios, incluidos 35 de funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación, 7 de la Secretaría de Bienestar, 6 de la Sedatu, 2 de la Policía Federal Ministerial de la FGR, 1 de la Secretaría de Gobernación, 1 de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y 4 testigos colaboradores.

Adicionalmente, 13 discos compactos que contienen presentaciones en Power Point con tablas y datos relacionados con testimonios de auditores y testigos colaboradores.

En contraste, Robles ofreció 53 datos de prueba en su descargo, incluidos 8 documentales y 15 testimonios, entre ellos el de Emilio Zebadúa, ex Oficial Mayor en la Sedatu y la Sedesol, así como los de Enrique González Tiburcio, Juan Carlos Lastiri Quirós y Javier Guerrero García, ex subsecretarios de dichas dependencias.