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Washington DC, Estados Unidos (01 abril 2021).- El Gobierno de Estados Unidos aseguró ayer estar comprometido a defender un trato justo a las compañías estadounidenses en el sector energético mexicano y a exigir que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla con sus compromisos bajo el T-MEC.

En medio de lo que consideró un deterioro en el clima de inversión, la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés) dijo haber expresado al Gobierno mexicano sus preocupaciones por decisiones en el sector energético tomadas en el 2020.

En su reporte anual sobre barreras comerciales en el mundo -que dedica a México varias páginas- la oficina liderada por la Embajadora comercial Katherine Tai hace referencia al memorando de julio del 2020 en el que se establecen límites a la participación privada en el sector energético.

"Según informes", asegura el Gobierno estadounidense, "el Gobierno mexicano ha instado a los reguladores de energía a restaurar el control estatal sobre el sector energético y evitar que las empresas estatales de energía pierdan participación de mercado frente a las empresas privadas".

Exclusivamente dedicado a cubrir asuntos ocurridos en el 2020, el reporte del USTR no hace referencia a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica ni a la reciente iniciativa para modificar la Ley de Hidrocarburos.

Sin embargo, hace eco de las preocupaciones expresadas el año pasado por poderosas asociaciones del sector -como el Instituto Estadounidense del Petróleo (API) y la Asociación de Fabricantes de Combustibles y Petroquímicos (AFPM)- sobre trabas del Gobierno mexicano.

"A lo largo del 2020", indica el reporte, "las empresas de energía de EU se han quejado de retrasos significativos en los permisos, aplicación discriminatoria de las regulaciones y falta de notificación con respecto a los cambios regulatorios y de políticas".

El documento hace mención de otras medidas en el sector energético, incluyendo la decisión de cancelar las rondas de licitaciones de exploración petrolera y la presión para renegociar contratos de gasoductos en el 2019.

También denuncia barreras a las exportaciones estadounidenses, incluyendo el retraso para la autorización de productos biotecnológicos en agricultura por parte de la Cofepris.

El USTR hace mención, asimismo, de nuevas disposiciones aduaneras establecidas sin mayor anuncio, así como compras gubernamentales en sectores como el farmacéutico, entre otros, donde consideran que el Gobierno mexicano pudiera estar infringiendo normas internacionales.