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Cd. de México (04 octubre 2021).- La reforma energética propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador atentará gravemente contra la competencia en el sector, alertó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
"Se atentaría gravemente contra la competencia, inhibiendo incentivos naturales para la productividad del sector y para la generación de condiciones de precios justas para los consumidorres", señaló el instituto en un comunicado.
El 30 de septiembre pasado, el Mandatario presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y nueve transitorios con el argumento de fortalecer el papel del Estado en la conducción del sistema eléctrico nacional y garantizar la seguridad energética, como condición necesaria de la seguridad nacional.
De aprobarse, provocará al menos ocho efectos adversos para el País, explicó el IMEF.
Además de dañar gravemente la competencia, aseguró que afectará la competitividad de la planta productiva nacional, al no contar con insumos eléctricos fundamentales para las actividades productivas en condiciones similares a los competidores comerciales internacionales.
Uno de los riesgos es que dañará de manera negativa la ejecución de contratos ya firmados por empresas inversionistas con el Estado mexicano y se enviaría una nueva señal a los inversionistas nacionales y extranjeros sobre la vulnerabilidad del Estado de Derecho, advirtió.
"Lo que eleva sustancialmente el riesgo de invertir en México y limita de manera profunda la capacidad de crecimiento económico del País", sostuvo.
Otro de los efectos sería el rezago de México de la transición energética global hacia fuentes limpias y renovables de energía, afectando la salud de los mexicanos.
"(Adicionalmente), se ejercerá una mayor presión sobre las finanzas públicas nacionales, lo que elevaría su vulnerabilidad", alertó el IMEF.
Al mismo tiempo, dijo, se elevará el riesgo de acciones judiciales nacionales e internacionales en contra del Estado mexicano, en especial debido a la posible violación del espíritu del T-MEC en materia de trato no discriminatorio, inversiones, expropiaciones indirectas, así como la venta y compra por parte de empresas del Estado y monopolios, lo cual elevará los costos del propio Estado mexicano y reduciría la capacidad operativa de la CFE.
La aprobación de la iniciativa en los términos en los que está planteada resultaría contraproducente para sus propios objetivos, para el bienestar de las familias del País, para el desarrollo del sector energético y para la economía nacional, aseveró.
Por ello, el Instituto exhortó a la Cámara de Diputados a analizar a fondo los impactos de la iniciativa anteponiendo el interés del País a consideraciones políticas.