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Acusa Treviño a Lozoya por daño de $2,813 millones

Carlos Treviño y Emilio Lozoya, ex directores de Pemex. Foto: Especial
Carlos Treviño Medina, ex director de Pemex, pidió a Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, negarle a Emilio Lozoya el criterio de oportunidad
viernes, 12 de noviembre de 2021
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Agencia Reforma

Abel Barajas
Cd. de México (12 noviembre 2021).- Carlos Treviño Medina, ex director de Pemex, pidió a Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, negarle a Emilio Lozoya el criterio de oportunidad, porque tan sólo en el caso de la planta de Etilieno XXI ocasionó un daño de 2 mil 813 millones de pesos y no podrá pagarlo.

El ex funcionario argumenta que una condición esencial para acceder al criterio de oportunidad es reparar el daño y, de no cumplirse en este asunto, no hay justificación para convertir a Lozoya en testigo colaborador y cancelar sus procesos.

En un escrito enviado ayer a la oficina del Fiscal General de la República, Treviño acusó a Lozoya de cancelar una cláusula que impedía a Braskem-Idesa penalizar a Pemex por la falta de suministro de gas etano a la planta de Nanchital, Veracruz, lo que a la postre resultó en una sangría de miles de millones de pesos.

"Luego de dos días de haber ocupado el cargo de Director General de Pemex se eliminó del contrato de suministro de etano la inmunidad que impedía que México fuera demandado por Braskem-Idesa ante tribunales internacionales.

Con ello, se produjeron incalculables perjuicios económicos a Pemex", acusa Treviño.

"La suma de estas cantidades es 2 mil 813 millones de pesos que tuvieron que pagarse gracias a la eliminación de la inmunidad soberana. Monto que es independiente del que pueda sumarse con motivo del resto de las carpetas de investigación que aún pueden judicializarse en su contra.

Evidentemente, los inmuebles o el dinero que ofrece Lozoya, si bien pudo haberlo obtenido con motivo de los hechos que se le atribuyen, no pueden cubrir ni siquiera una fracción del daño que realmente ocasionó".

"Otorgarle o pretender otorgarle, de nuevo, un criterio de oportunidad a Emilio Lozoya ya no se percibiría como un algo ingenuo, sino como la confirmación del actuar corrupto de la autoridad investigadora y de las instituciones afectadas por las conductas delictivas cometidas por aquél".

El monto del daño por la cancelación de la cláusula de inmunidad corresponde al cuantificado por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2018.

El escrito firmado por el regiomontano y su abogado Óscar Zamudio está dirigido a Gertz en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, que corresponde al caso Odebrecht, en el que Lozoya busca el criterio de oportunidad.

Treviño manifiesta que el ofrecimiento de 5 millones de dólares que la defensa de Lozoya hizo público, para cancelar los procesos de Odebrecht y Agronitrogenados, en nada se comparan con los perjuicios que ocasionaron sus delitos, pues incluso Pemex los califica como "irreparables".

"Independientemente de que no se cumple ese requisito necesario para acceder al criterio de oportunidad, consistente en que realicen manifestaciones verdaderas, tampoco existe posibilidad alguna de que con las cantidades de dinero que ofrece, por más altas que parezcan, se repare el daño que causó al Estado Mexicano", señala.

"El daño que ha causado Emilio Lozoya, tanto a quienes hemos sido objeto de sus falsos señalamientos, como al erario público por tener que renegociar contratos para no ser demandados ante tribunales internacionales, la afectación a la credibilidad de esa Fiscalía y la imposibilidad material de que repare el daño causado por los delitos que ha cometido, impide que se contemple, siquiera como una posibilidad, volver a hacer tratos con él".

Advierte que, en caso de que la Fiscalía formalice el beneficio, los funcionarios que suscriban su otorgamiento incurrirán en un ilícito.

"Ningún servidor público querrá asumir gratuitamente la responsabilidad de sostener lo contrario sólo para que se cumplan pretensiones políticas y de impunidad de otras personas.

Aceptar un pago irrisorio haría a los servidores públicos incurrir en hipótesis de delito", apunta.

 

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