César Duarte, ex Gobernador de Chihuahua. Foto: Archivo

Chihuahua, México(03 diciembre 2021).- La defensa de César Duarte informó que un juez civil ordenó restituir la posesión de ocho bienes asegurados al ex Gobernador de Chihuahua.

Juan Carlos Mendoza Luján, abogado del ex Mandatario ex priista, afirmó que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha sido omisa.

"De no cumplir en los próximos ocho días hábiles, se hará acreedora de una multa y estará sujeta a lo previsto para el supuesto de incurrir en la figura de desacato", indicó Mendoza Luján.

Se trata de seis ranchos ubicados en el Municipio de Balleza: El Saucito, con una superficie de 609 hectáreas; Mesa de las Ajuntas, de mil 095 hectáreas; El Taraiz, con mil 211 hectáreas; Rancho de En medio, de 551 hectáreas; Labor Muniseña, de 11 hectáreas y La Mesa con 511 hectáreas.

También en Balleza reclama el terreno de temporal y pastal Llano Medineño, con una superficie de 46 hectáreas; así como el rancho El Aranjuez, ubicado en Parral, de 35 hectáreas.

El Juez Octavo Civil por audiencias y especializado en extinción de dominio, Erik Alberto Parada Olivas, envió el oficio número 2459/2021 referente al Expediente 74/2021, dirigido a la Dirección de Administración y Enajenación de Bienes, Fondos y Fideicomisos de la Fiscalía General del Estado, el cual recibió la dependencia el pasado 30 de noviembre.

El juzgado signó el documento desde el pasado 12 de noviembre.

Mendoza Luján recalcó que el acuerdo señala la gravedad de la conducta que se exige de la parte requerida, consistente en el potencial desacato a una orden judicial sustentada en la facultad que la ley le concede a esta autoridad.

"Es decir, manifiesta este acuerdo de que, quien emitió el oficio que ordena tal restitución, no refiere ni sustenta un acuerdo de voluntades, sino el cumplimiento irrestricto del orden legal ordenado por quien tiene facultades, argumentos y fundamentos para tal mandato", aseveró el defensor.

Este asunto tiene su origen en un juicio de extinción de dominio llevado a cabo bajo el expediente 74/2021.

"Juicio mediante el cual la anterior Administración estatal trató de manera ilegal y absurda privar de su propiedad a nuestro defendido de sus bienes por supuestos delitos en su calidad de Gobernador del Estado, acción ilegal que violentó no sólo el debido proceso, sino cualquier ejercicio razonable de justicia al tratarse de bienes que fueron adquiridos por el Lic. César Duarte mucho antes de haber asumido el cargo de Gobernador del Estado", afirmó el abogado del ex Gobernador chihuahuense.

Por estrategia jurídica, a principios de septiembre pasado, Humberto Chávez, director de Extinción de Dominio de la FGE, solicitó el desistimiento de al menos ocho de más de 32 bienes asegurados a César Duarte.

La medida, informó en su momento la actual FGE, se determinó después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dentro de la acción de inconstitucionalidad 100/2019, decretó la invalidez de varios artículos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

Entre los bienes que aplicó el desistimiento no se encuentran los ranchos de mayor extensión, que ya pasaron a ser propiedad del Estado.

Además, en el caso de los ocho bienes que reclama Duarte, no se le devolvieron, de ahí que exige se le regresen.

El ex Fiscal General del Estado, César Peniche, explicó el 15 de septiembre pasado que lo que el Ministerio Público del área de extinción de dominio hizo fue dejar sin efecto los aseguramientos como una estrategia para plantear de nueva cuenta la acción de extinción de dominio, con la seguridad de que dichos bienes están asegurados y embargados en otros procedimientos.

Precisó en aquella ocasión que nunca se renunció a la extinción de dominio, sino que sólo se replanteó.

César Duarte se encuentra preso en Miami, Florida, desde el 8 de julio de 2020, en espera de ser extraditado a México tras haber sido acusado por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua de delitos de peculado y asociación delictuosa.

Contra Duarte se giraron 20 órdenes de aprehensión por parte de jueces locales por la presunta comisión de varios delitos cometidos durante su periodo comprendido entre 2010 y 2016.

Además, cuenta con una orden de captura más ordenada por un juez federal, a solicitud de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de la Fiscalía General de la República, donde se le señala por el presunto desvío de recursos para el financiamiento de campañas políticas.

México solicitó la extradición de Duarte con base en una orden de aprehensión girada en octubre de 2019 por una jueza local de Chihuahua, que acusa al ex Mandatario de desviar 96.6 millones de pesos del erario hacia dos de sus empresas entre 2011 y 2014.