En el Día Internacional de la Mujer, manifestantes llevaron una pancarta con la imagen de Manuela por las calles de San Salvador. Foto: Colectiva Feminista

San Salvador, El Salvador(16 enero 2022).-

Manuela tenía 31 años cuando fue encarcelada y condenada a 30 años de prisión por perder un embarazo mientras estaba en su casa, en una zona rural en el oriente de El Salvador.

Dos años después, en 2010, murió en prisión por la falta de atención médica oportuna del cáncer linfático que padecía.

A más una década de su fallecimiento, el pasado 30 de noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable internacionalmente al Estado salvadoreño de violar todos sus derechos y ordenó una serie de medidas para la reparación de los daños y para evitar que más mujeres sigan siendo criminalizadas por emergencias obstétricas.

En un país con una de las leyes más restrictivas en el mundo sobre el aborto, la sentencia del tribunal, según consideran defensores de los derechos humanos, ha empezado a marcar precedentes.

"Recibimos la noticia, el 23 de diciembre, que se iban a conmutar las penas de Karen, Kathy y Evelyn (que estaban encarceladas por hechos similares a los que sufrió Manuela)", sostuvo en entrevista Edward Pérez, asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos, organización mundial que representó a la familia de Manuela ante la Corte IDH.

"Lo que entendemos es que esta es una reacción por parte del Estado de El Salvador, una respuesta a la incidencia, a la presión que deriva de esa misma sentencia de la Corte Interamericana, y a la presión de distintas organizaciones de la sociedad civil para revertir estas detenciones arbitrarias".

En su fallo, la Corte IDH reconoce que el caso de Manuela no es aislado, sino que existe un contexto de criminalización de mujeres que están en situación de pobreza y que sufren emergencias obstétricas, por lo que son acusadas por el delito de homicidio, con penas de entre 30 y 50 años de cárcel.

Señala, además, que las autoridades judiciales actúan con base en estereotipos de género que impiden procesos justos.

Desde el 2000, cuando entró en vigor la prohibición absoluta del aborto en El Salvador, al menos 180 mujeres han sido criminalizadas por hechos similares a los de Manuela, según un reporte conjunto del Centro de Derechos Reproductivos y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador.

Manuela, una mujer analfabeta y madre de dos hijos, estaba en su casa cuando complicaciones médicas derivadas del cáncer que padecía -y del cual, para ese momento, no estaba enterada- le provocaron un aborto espontáneo.

Los hechos ocurrieron el 27 de febrero de 2008, en una localidad rural a más de 160 kilómetros de San Salvador, en el oriente del país.

Al ser llevada al centro médico más cercano, el Hospital de San Francisco Gotera, le diagnosticaron preclamsia grave, más anemia producida por pérdida de sangre importante.

Sin embargo, en lugar de recibir una atención prioritaria, detalla Pérez, la dejaron esperando mientras personal médico la denunciaba de supuestamente haber cometido el delito de aborto.

"Para el momento en que ella retoma la consciencia, ya se encontraba esposada en su cama, y había sido detenida en ese momento en flagrancia por personal policial, basándose en información que debía estar protegida por el secreto médico", enfatiza el abogado.

Una de las médicas incluso llegó a acusarla de cometer una infidelidad, razón por la que se presumía el aborto, y los investigadores actuaron con la presunción de culpabilidad, sin una indagatoria justa, apuntan.

A Manuela y a su familia nunca los escucharon, y poco tiempo después, fue condenada por el delito de homicidio agravado.

"Lamentablemente, durante el cumplimiento de su condena, que fue establecida a 30 años, se le negó una atención a servicio integral, que incluía la posibilidad de detectar y luego tratar oportunamente el cáncer que ella padecía, todo lo lo cual contribuyó a su muerte", relató el abogado.

Los estigmas que recibió la salvadoreña tras su encarcelamiento, como mujer infiel y asesina, los cargó además su familia tras su deceso.

Ante ello, la sentencia de la sentencia de la Corte IDH es determinante en que Manuela sufrió una emergencia obstétrica y no hizo nada para terminar con la vida de la criatura que estaba gestando.

Además, ordenó una serie de medidas para la reparación de la imagen de Manuela y de su familia, y para evitar que más mujeres, sobre todo aquellas que están en situación de pobreza y vulnerabilidad, sigan siendo criminalizadas, y no tengan que enfrentarse a una dicotomía entre recibir atención médica y ser encarceladas por ello o morir por no tener esos servicios de salud, indicó Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, organización colitigante del caso.

"Una de las medidas importantes es que ordena a El Salvador regular el secreto profesional de los médicos y de personal sanitario que atiende a estas mujeres, que las mujeres puedan ser atendidas sin la amenaza de ser denunciadas", explica en entrevista.

"Esto se debe traducir en guías, en medidas que le den seguridad jurídica al personal médico para respetar el secreto profesional, para guardar las historias clínicas de sus pacientes y que no sean utilizadas como recursos penales en su contra".

En el caso del aparato judicial, la sentencia ordena capacitaciones específicas para operadores de justicia, que incluye a la defensa pública, jueces, fiscales, para que lleven a cabo sus actuaciones libres de cualquier tipo de estereotipos de género como los que se vieron en el caso de Manuela.

Si bien la sentencia no exige cambiar la ley antiaborto, sí sienta un precedente para las mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas, las cuales son juzgadas bajo la prohibición absoluta del aborto y finalmente condenadas por homicidio agravado.

El Presidente Nayib Bukele en su propuesta de reforma constitucional -la cual fue presentada antes de que llegara la sentencia de la Corte IDH- no incluyó cambios a la legislación antiaborto.

Sin embargo, Pérez espera que, cuando el país tenga que rendir un informe sobre los avances a la orden del tribunal, el 30 de noviembre de este año, haya avances al respecto.

De momento, Karen, Kathy, y Evelyn, mujeres que estaban encarceladas por hechos similares a los de Manuela, recuperaron su libertad el 23 de diciembre y pudieron pasar la Navidad con su familia.

Pérez y Herrera confían en que pronto puedan hacerlo otras 13 mujeres que siguen en prisión y ninguna más tenga que pasar por lo mismo.