Víctor Garcés, ex director jurídico de Cooperativa Cruz Azul, quien estaba prófugo por delincuencia organizada, fue detenido en CDMX. Foto: Archivo

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Un juez federal dictó esta noche la prisión preventiva de oficio a Víctor Garcés Rojo, ex director Jurídico de Cruz Azul, y acordó resolver el próximo lunes su situación jurídica, por presuntamente transferir de la cementera a siete supuestas factureras más de 114 millones de pesos.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, fijó para el próximo lunes a las 15:30 horas la audiencia en la que va a determinar si lo vincula o no a proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Esta decisión la tomó luego de que la defensa del propio ex directivo pidiera duplicar de 72 a 144 horas el plazo para determinar si es o no procesado.

Desde el Reclusorio Norte, Garcés compareció esta tarde a través del sistema de videoconferencia en una audiencia inicial en la que la Fiscalía General de la República formuló la imputación en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

La diligencia inició cerca de las 16:00 horas y concluyó a las 20:30 horas. El juzgador le impuso la prisión preventiva de oficio porque esa es la medida cautelar que contempla la norma procesal vigente para la delincuencia organizada.

El ex directivo fue detenido el pasado 10 de junio en Polanco y luego procesado por una imputación del fuero común por el delito de falsedad en declaración en un caso de trata de personas.

Desde entonces, está preso en el Reclusorio Norte.

En la imputación formulada este miércoles, se le atribuye ser parte de una organización delictiva que se dedicó a desviar 114 millones 198 mil 847 pesos de las arcas de la cementera, del 2011 al 2017.

El dinero fue transferido a través de operaciones simuladas a las empresas Plexival, Trans Nau, Attar 2715 SC, Recursos Financieros Ferala, Asesoría Profesionales Eicer, K & C Consulting y Expertos en Asesoría Empresarial.

Dichas personas morales fueron incluidas por el Servicio de Administración Tributaria en su listado de Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS), mejor conocidas como factureras.

El mandamiento de captura fue girado contra Garcés el 29 de julio de 2020 por el juez de control Iván Zeferín Hernández, adscrito en Almoloya.

Los otros imputados contra los que libró la aprehensión son Guillermo Álvarez Cuevas, ex director general de la cooperativa; Miguel Eduardo Borrell Rodríguez; también ex director Jurídico; Mario Sánchez Álvarez, coordinador financiero; y Ángel Martín Junquera Sepúlveda, abogado externo.

Garcés es el único que ha sido privado de su libertad. Todos ellos están prófugos de la justicia.

Este caso tiene su origen en una denuncia de Javier Humberto Domínguez Aguilar, director general de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera, presentada el 8 de mayo de 2020 ante la hoy Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.