La presidenta de Perú, Dina Boluarte. EFE

Lima

AGENCIA / EFE

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, afirmó que en su país «no hay espacio para el miedo» y ratificó su propuesta de adelantar las elecciones generales para atender la demanda de la ciudadanía tras el fallido intento de golpe de Estado que derivó en la destitución del exgobernante Pedro Castillo.

«Aquí no hay espacio para el miedo, sino para la valentía», enfatizó Boluarte en la ceremonia de clausura del año académico de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), en la que ratificó la propuesta de su Gobierno para adelantar las elecciones, invocó al Congreso «a tomar las mejores decisiones» y aseguró que «aquí nos vamos todos, Ejecutivo y Legislativo».

Boluarte se pronunció de esta manera el mismo día en que el Congreso se reúne en sesión plenaria para analizar los proyectos de adelanto de elecciones, entre ellos uno presentado por el Ejecutivo para que los comicios generales se celebren en abril de 2024.

La presidenta añadió que «a pesar de los últimos acontecimientos», donde dijo que «violentistas disfrazados de manifestantes han intentado poner en peligro» a Perú, reafirma «su compromiso de trabajar por la seguridad de todo el país».

«Ni la violencia ni el radicalismo acabarán con un Gobierno legal y legítimo. No hay espacio para el miedo, sino para la valentía, la unidad y la esperanza de un país que merece más de sus políticos», enfatizó.

Boluarte remarcó que, «atendiendo el reclamo ciudadano», ratifica la propuesta de su Gobierno «para adelantar las elecciones», por lo que invocó al Congreso «a tomar las mejores decisiones para acortar los plazos y hacer las reformas necesarias».

El pleno del Congreso de Perú analiza proyectos

El pleno del Congreso analiza este jueves las propuestas de adelanto de elecciones que ha recibido, en una sesión a la que ha invitado el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello.

El Gobierno formalizó este lunes ante el Congreso un proyecto de ley que plantea el adelanto de las elecciones generales para abril de 2024, que fue entregado con las firmas de la presidenta Boluarte y su primer ministro, Pedro Angulo.

En el proyecto se detalla que ese plazo «deberá servir también para aprobar, de ser el caso, las reformas constitucionales referidas al régimen político peruano» y remarca que «urge realizar cambios democráticos y constitucionales en el Congreso, obedeciendo fundamentalmente el sentimiento de la ciudadanía».

Sin embargo, Boluarte dijo este miércoles que ahora ha planteado que las elecciones se celebren en diciembre de 2023 y añadió que en una reunión que sostuvo el martes con el Consejo de Estado se hicieron «reajustes» que indican que los comicios pueden realizarse en esa fecha.

Perú afronta manifestaciones y protestas violentas que exigen elecciones anticipadas, el cierre del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, y han dejado, hasta el momento, 8 muertos, más de 70 detenidos y 200 policías heridos, principalmente en las regiones sureñas de Apurímac y Arequipa.

Boluarte asumió su cargo en reemplazo de Pedro Castillo, quien fue destituido hace una semana por el Congreso luego de que dictara la disolución del Parlamento, anunciara la conformación de un ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto, convocar a una asamblea constituyente y a reorganizar el sistema de justicia.

Castillo, ausente

El expresidente peruano Pedro Castillo ni ninguno de sus abogados se presentaron este jueves al inicio de la audiencia de revisión del pedido de prisión preventiva durante 18 meses que ha presentado la Fiscalía de Perú.

Al inicio de la audiencia, convocada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, se informó que Castillo, quien cumple arresto preventivo, se negó a recibir la notificación del requerimiento fiscal.

En ese sentido, el juez Checkley informó que la defensa del exgobernante sería asumida por el abogado de oficio Italo Díaz, ya que ninguno de sus defensores acreditados se presentó a la audiencia.

Al respecto, el abogado Ronald Atencio, uno de los defensores de Castillo, informó en Twitter que ni él ni su colega Raúl Noblecilla, iban a participar en la audiencia de prisión preventiva.

«Son muchos los argumentos que, en conversación con Pedro (Castillo) nos impulsaron a tomar esa decisión», indicó antes de señalar que entre ellos figura una «vacancia (destitución) ilegal y exprés».

Agregó que el Congreso también ha realizado un «levantamiento del antejuicio», al que tiene derecho el exgobernante, «ilegal y exprés» y que la audiencia también se ha programado «para seguir manteniendo detenido a Pedro Castillo Terrones».

El abogado aseguró que el juez Checkley ha convalidado de manera «ilegal» el levantamiento del antejuicio y que hasta la fecha no se resuelven los recursos de habeas corpus «cuestionando lo anterior».

«Si bien es cierto los abogados tutelamos los derechos en los fueros judiciales, sin embargo en esta audiencia no existen mínimas garantías que eso será así.

Ya verán el resultado y se darán cuenta, seremos testigos del ajusticiamiento de a ser humano», concluyó.

Detalles de la audiencia

Al inicio de la audiencia de revisión del pedido fiscal, el fiscal supremo Alcides Chinchay presentó los argumentos del pedido contra Castillo por la presunta coautoría de los delitos de conspiración para la rebelión, abuso de autoridad y perturbación a la tranquilidad pública.

El fiscal también pidió el mismo plazo de detención para el ex primer ministro y asesor jurídico de Castillo Aníbal Torres, quien actualmente está en la clandestinidad, por la presunta comisión de rebelión en coautoría y conspiración para la rebelión.

En el caso de Torres, se presentó a la audiencia como su abogado defensor el expresidente de la Corte Suprema y el Poder Judicial Duberlí Rodríguez.

El fiscal sostuvo al justificar ante el juez el plazo que ha solicitado el Ministerio Público que estiman «que esto requiere los 18 meses, para cumplir con el plazo de la investigación preparatoria, el tiempo que eventualmente dure la etapa intermedia y el juicio oral».

Según los argumentos del Ministerio Público, Castillo y Torres afrontan una posible condena que superará los 4 años mínimos para solicitar la prisión preventiva y pueden llegar a 10 años.

Entre otros argumentos, la Fiscalía también enfatizó en un eventual «peligro de fuga» de Castillo, ya que se ha informado que después de intentar dar un «autogolpe» de Estado el pasado 7 de diciembre buscó ir hacia la Embajada de México, país que ha manifestado su intención de otorgarle asilo.

El juez Checkley ordenó este miércoles que Castillo se mantenga durante 48 horas más en detención preliminar, mientras se realiza la audiencia de revisión del pedido de prisión preventiva, tras indicar que el pedido fiscal llegó a su despacho «a la medianoche».

El juez supremo también sostuvo que había notificado «de inmediato» a las partes del caso sobre el pedido fiscal y consideró que la decisión de postergar la audiencia para la mañana del jueves era «un tiempo prudencial».

Antes del inicio de la audiencia del miércoles, el abogado Atencio afirmó que la Justicia de su país está «violando todos los procesos» y que iba a conversar con Castillo para decidir los pasos a seguir, pero luego dijo que las autoridades no le permitieron el ingreso al penal con el argumento de que no había una autorización.

«Al no tener las garantías necesarias para ejercer un derecho de defensa eficaz, definitivamente no tengo nada que hacer en esta audiencia», remarcó.

Castillo también reclamó, mediante una carta publicada en Twitter, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que interceda por él, pues considera que las autoridades de su país han vuelto a «coactar» (sic) su libertad.