Por: Luis Alberto Triana F.
- Hasta ahora se han acreditado 20 millones de pesos que no ingresaron a las arcas estatales
Las indagatorias en torno al desempeño de Gilberto ¨N¨ al frente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en la pasada administración del Estado colocan al exsecretario como posible autor de una trama creada para que los montos económicos no ingresaran a la Tesorería del Estado, por lo que ahora enfrenta el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público.
El modus operandi consistía en mandar a inspectores ambientales a las empresas y de dichas revisiones se desprendían elementos de sanción que incluían el levantamiento de actas de inspección y colocación de grandes sellos con la leyenda “Suspensión”, “Clausurado”, “Clausura Temporal” o “Clausura Definitiva”, según el caso.
Posteriormente los empresarios y/o administradores de dichas empresas acudían a las oficinas de SEDUMA ubicadas en la Torre Gubernamental para conocer en detalle los motivos de la sanciones donde se ponía en práctica el modus operandi al proponerles la condonación de multas.
Ayer, la Consejera Jurídica del Gobierno de Tamaulipas, Tania Contreras, confirmó que hasta el momento se tienen acreditados poco más de 20 millones de pesos de recursos económicos que no ingresaron a las arcas estatales.
“Es por el otorgamiento de condonación de multas que estimamos, desde el Gobierno del Estado, que carecía de atribuciones para realizar esa actividad, se presentó al Juez y se determinó vincular a proceso”, dijo Contreras.
Actualmente, la situación legal del extitular de SEDUMA estatal es de vinculación a proceso además de sujeto a las medidas cautelares contenidas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus fracciones I, V, VII y VIII, correspondientes a la firma periódica ante la Unidad de Seguimiento de Causa y Suspensión Condicional con sede en Reynosa, Tamaulipas, la prohibición de salir del país debiendo para tal efecto entregar a dicha Unidad de Seguimiento sus documentos migratorios, la prohibición de acercarse al denunciante, testigos e instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Tamaulipas, ello con la finalidad de asegurar su presencia en el proceso.