Guillermo Álvarez, ex presidente de Cooperativa La Cruz Azul. Crédito: Archivo

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Un tribunal federal invalidó la orden de aprehensión librada contra Guillermo Álvarez Cuevas, ex presidente de la Cooperativa La Cruz Azul, por delincuencia organizada y lavado de más de 114 millones de pesos a través de 7 empresas "factureras".

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de esta capital le concedió el amparo contra el mandamiento de captura e instruyó al juez de la causa volver a estudiar el caso y resolver si debe librar la aprehensión o emplear otra vía legal para que Álvarez se presente a una audiencia y afronte la justicia.

Por mayoría de votos, los magistrados ordenaron al juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez dejar sin efecto la captura librada el 29 de julio de 2020, porque el juez de la causa no justificó lo que se denomina necesidad de cautela.

Esto es, que no argumentó por qué la orden de aprehensión -y no una de comparecencia o un citatorio para una audiencia de imputación- era la forma más adecuada de presentarlo ante el juez y conducirlo a proceso.

El caso volverá al juez de control para que se pronuncie únicamente sobre este aspecto.

Durante la sesión del pleno, el magistrado ponente Francisco Javier Sarabia Ascencio propuso concederle el amparo de fondo, es decir, cancelar en forma definitiva la captura por falta de elementos.

Su argumento fue que no existía el delito de lavado, porque el dinero que le imputan haber transferido a empresas "factureras" tenía un origen lícito, al proceder de la empresa cementera y no de un delito; por consecuencia, al no existir el blanqueo de capitales, tampoco podía existir la delincuencia organizada.

Sin embargo, sus colegas Horacio Hernández Orozco y Juan José Olvera López rechazaron el proyecto de sentencia y se inclinaron por conceder el amparo por una cuestión de forma, es decir, únicamente para que se justifique si es válido girar la aprehensión o buscar otra forma para que Álvarez acuda a una audiencia inicial.

Ambos plantearon que la mera posibilidad de existencia de delito impide otorgar un amparo de fondo y en este caso hay datos de prueba que, al menos, sugieren la realización de conductas delictivas.

Contra Álvarez se giraron dos órdenes de aprehensión, pero la que pone en riesgo real su libertad es precisamente ésta, porque incluye el delito de delincuencia organizada, que contempla la prisión preventiva de oficio.

Si bien hay una jurisprudencia regional que prohíbe esta medida cautelar, no todos los juzgados y tribunales la aplican en el Estado de México, donde se encuentra radicado este asunto.

El otro mandamiento de captura contra el ex directivo es una imputación del fuero común por una presunta administración fraudulenta de 2 mil 257 millones 411 mil pesos.

El caso de delincuencia organizada y lavado contra Álvarez se originó con una denuncia presentada el 8 de mayo de 2020 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República.

La FGR asegura que de 2011 a 2017, el ex directivo y otros imputados dispusieron de 114 millones 198 mil 847 pesos de la Cooperativa y lo transfirieron a las empresas Plexival, Trans Nau, Attar 2715 SC, Recursos Financieros Ferala, Asesoría Profesionales Eicer, K & C Consulting y Expertos en Asesoría Empresarial.

Todas ellas aparecen señaladas por el Servicio de Administración Tributaria en su listado de Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS), mejor conocidas como "factureras".