José Antonio Beltrán
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La paraestatal negó durante varios años la existencia de un “mercado negro” en los hidrocarburos, propiciando con ello que no se tomaran las medidas correctivas y que se realizara un diagnóstico serio de las causas que habían alentado a que surgieran múltiples participantes en un mercado que debiera ser controlado y supervisado por Pemex, al ser un monopolio constitucional.
Como consecuencia de lo anterior, en esta administración Sener decidió poner orden en el comercio de petrolíferos que, de acuerdo a estimaciones y análisis de la Fundación Colosio, asciende a cerca de 75 mil millones de dólares.
El mismo diagnóstico destaca que el mercado mexicano ha costado años de esfuerzo para consolidarse —competía ventajosamente con otros países—, es un mercado integrado y cautivo con muchas posibilidades de crecimiento, razón por la cual resulta grotesco pensar en que haya una cesión gratuita a actores distintos a la paraestatal.
A finales de 2010, Sener emitió “Disposiciones Administrativas de carácter general a las que deberán sujetarse Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios para la realización de las Ventas de Primera Mano, destinadas al mercado nacional los petrolíferos distintos del combustóleo, de los petroquímicos básicos y del gas”, para que con ellas Pemex Refinación celebrara contratos con los particulares bajo principios de eficiencia, uniformidad, homogeneidad, regularidad, seguridad y sin incurrir en prácticas indebidas.
Desafortunadamente, no se contempló el desorden y caos que prevalece en el mercado y las nuevas reglas si bien tienen como fin contribuir a modernizar el sector de hidrocarburos, traen como consecuencia un menor control sobre el destino final del producto y la selección de clientes del organismo, teniendo como efecto un incremento del mercado ilícito de combustibles.
Con las disposiciones de venta de primera mano la estructura del mercado sufrirá un cambio respecto a la situación actual, la asignación de productos de los cuales se tiene menor disponibilidad respecto a la demanda tendrá que responder a los criterios de la VPM.
La desvinculación entre la obligación de abasto de Pemex y la entrega de producto al usuario final por parte de los adquirentes VPM, dará libertad a estos últimos para tomar las decisiones que consideren mejor de acuerdo a sus intereses.
Ello lleva a trasladar el poder de mercado del estado a los terceros adquirentes. Ante esto, como no recordar lo dicho por don Jesús Reyes Heroles, siendo director general de Pemex en 1964: “Nuestro país requiere política y administración: mucha y muy buena política, mucha y muy buena administración.
Sin buena política una buena administración es imposible y una mala administración frustra la política más fecunda que pudiera trazarse”.
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