REPORTE FRONTERA
Seth Rojas Molina
Existe una ola de indignación en contra de quienes lo agredieron pero también por la casi criminal negligencia de personal del centro escolar que no impidió los hechos, que tampoco, a pesar de que presentaba síntomas relacionados con un trauma cerebral, no buscaron atención médica para el menor y que además ocultaron lo ocurrido a sus padres.
Los estudiantes que provocaron la muerte de Alejandro, aparentemente menores de 14 años, serán sujetos a un proceso judicial especializado pero que, de acuerdo con lo que marcan las disposiciones legales vigentes en el estado, por su edad no podrán aplicárseles medidas restrictivas de su libertad.
Hay gente exigiendo que se castigue la conducta desplegada por el personal de la escuela que no impidió la agresión, pero hay que decir que aunque si merecen sanciones - ya que incumplieron obligaciones que les impone, por ejemplo, la “Ley para la prevención de la violencia en el entorno escolar del estado” - estas sólo serán de tipo administrativo.
Sin duda alguna cualquiera puede calificarlos como inmorales, pero desde el ámbito de lo objetivo poco se puede hacer contra ellos.
Sus graves omisiones muy difícilmente podrían encuadrarlas en conductas del tipo penal.
Aun así hay quienes tratan de aparentar indignación con opiniones convenencieras como el dirigente del sindicato de maestros en Tamaulipas, Rafael Méndez Salas, quien pidió “todo el peso de la ley” para el personal de la escuela que no actuó debidamente ante este incidente.
Hubo diputados del congreso local, como el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ramiro Ramos Salinas, que luego del suceso trataron de aprovechar las trágicas circunstancias del caso para buscar notoriedad.
Lo novedoso en esta presentación, que no necesariamente implica que pudiera resultar efectiva, es la creación de 4 zonas en materia de seguridad que estarán a cargo de mandos militares y marinos y la “depuración completa de la Procuraduría del Estado”.
El anuncio del funcionario federal indica que se amplia y extiende el uso de la fuerza del estado en la entidad, a pesar de que se ha comprobado que no es la mejor herramienta para atender uno de los más graves problemas que padece la sociedad tamaulipeca.
Osorio Chong informó que esta “Estrategia de Seguridad Tamaulipas” comprende la asignación de más elementos federales y militares en el estado, tal como se describe en lo que denominaron “acciones inmediatas del Gobierno Federal”, para realizar operativos de vigilancia en los penales y más vigilancia en aeropuertos, puertos, aduanas y carreteras.
El secretario, anunció un “despliegue operativo en tramos carreteros” y patrullajes carreteros las 24 horas del día. ¿Qué diferencia existe entre estas dos acciones? Solo ellos lo saben.
Los antecedentes y resultados de medidas similares realizadas en la entidad todos los conocemos.
De poco ha servido la llegada de fuerzas federales a la entidad. Los operativos de vigilancia en comunidades con altos niveles de inseguridad no han modificado sustancialmente la situación que prevalece en esos lugares.
Aunque aún existe el riesgo de que el gobierno, con el concurso de legisladores de otros partidos, finalmente logre su propósito, el rechazo a la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones, debido a que contiene disposiciones que atentan contra diversas libertades, volvió a mostrar que una parte de la población mexicana es capaz de enfrentar abiertamente, en consecuencia sin miedo, a quienes creen que aún pueden imponerse mediante los excesos en el ejercicio de la autoridad.
Sin embargo esta amenaza no se ha disipado.
La intervención de legisladores de otros partidos políticos para, supuestamente, modificar la iniciativa original del ejecutivo federal no garantiza que prevalezcan los intereses de la comunidad .
Hasta ahora no puede asegurarse que el intento por controlar el uso de internet a conveniencia del gobierno y en detrimento de derechos fundamentales como la libertad de expresión, no vaya a prosperar.
La postura asumida por el coordinador de la bancada del PRI en el senado, Emilio Gamboa Patrón, en el sentido de que se harán cambios para que “no se desvirtúe el debate y se pretenda decir que se quiere censurar o restringir el acceso a internet, lo cual es falso”, no puede dejar de observarse como una obvia reacción a las descalificaciones domésticas e internacionales contra esa iniciativa.
El documento elaborado por el senador panista Javier Lozano, que mantiene algunos de los mecanismos de control sobre internet y que se pretendió poner a discusión en las comisiones camerales como un pre dictamen, pareció una estrategia gubernamental alterna para sacar adelante el proyecto.
Eso resulta inquietante porque hay muchas pruebas de como los intereses particulares se imponen en las negociaciones y en las votaciones en las cámaras del congreso.
Quienes son candidatos de los partidos que buscan arrebatarle posiciones al PRI, tanto municipios como curules del congreso, se esfuerzan por engrandecer los defectos de sus adversarios para pasar inmediatamente a exaltar lo que aseguran son sus grandes virtudes y capacidades, tan necesarias, dicen, para que las cosas sean mejores.
Los candidatos del tricolor igualmente utilizan la exageración como recurso de campaña, aunque ellos para magnificar las cualidades que les ven a los gobiernos local y los municipales encabezados por sus correligionarios.
Sobre la base de describirlos como eficaces, íntegros, responsables y comprometidos, lo menos que ofrecen es la continuidad.
Son campañas de extremos.
Es proselitismo exultante si proviene de quienes tratar de conservar posiciones.
Sus oponentes buscan neutralizarlos con la execración.
No hay matices, no existen en este momento puntos medios. En sus afanes por lograr su propósito ni cuenta se dan, aunque si lo hicieran no les importaría, que con sus posturas le faltan al respeto a la inteligencia de la gente.
Al órgano juzgador local le machacaron la negligencia con la que actuó al declarar improcedente el juicio promovido por el ahora candidato panista a la alcaldía de Reynosa, ya que el tribunal federal le recriminó que al haber incumplido con su obligación legal de actuar exhaustivamente terminó violando los derechos político electorales de Moreno Ibarra.
Por lo que se refiere al CEN del PAN, la sentencia muestra nuevamente que los órganos de dirección nacional de ese partido generalmente actúan arbitrariamente, a la brava, y en consecuencia sin cubrir las formas e ignorando los más elementales principios legales que deben regir todas sus decisiones.
Con motivo del registro de candidaturas a la elección de diputados locales y la de Ayuntamiento en Reynosa, el ex candidato a gobernador por el Partido Convergencia, antecedente del MC, se despachó generosamente al acomodar como candidatos a varios de sus familiares.
Este político que se caracteriza por sus agrias críticas al sistema político tamaulipeco, que descalifica por cualquier motivo a los órganos electorales y pregona las virtudes de su actividad política, en los hechos actúa como cualquiera de aquellos a los que con tanta facilidad condena.
Su paso por casi todos los partidos políticos, como militante en el PRI y como candidato por el PAN, PRD, PT y Convergencia, evidencia por donde están sus verdaderas inquietudes.
Ahora con una presencia influyente en Movimiento Ciudadano, logró postularse como candidato propietario a diputado de Mayoría por el Distrito 07 Reynosa Norte así como acomodarse en el primer lugar en la lista de candidatos a diputado por el principio de representación proporcional.
En ambos casos el candidato suplente es su hermano Rafael, lo que no deja duda de que le gana el cariño fraternal.
De León Perales, además consiguió que su cuñada Zaida Melissa Avalos Montalvo fuera registrada como candidata suplente de Ana Gloria Salazar Hernández, que ocupa la tercera posición en la lista de candidatos a diputados plurinominales.
En la posición once de esa misma lista, que debe integrarse con catorce fórmulas que deben presentar los partidos políticos en la elección de diputados al Congreso tamaulipeco, aparece Juan de León Perales como candidato suplente.
Por si fuera poco, el ex candidato a gobernador también encontró acomodo para sus familiares en la planilla de candidatos del Movimiento Ciudadano para la elección de Ayuntamiento de Reynosa.
Su hermano Rolando es candidato a primer síndico en tanto que su esposa, María Magdalena Avalos Montalvo, y su cuñado, Héctor Avalos Montalvo, aparecen como candidatos propietaria y suplente a la Primera y Décimo tercera regidurías respectivamente.
Otras dos personas que aparentemente también son sus familiares fueron registradas como candidatas a diputadas locales.
La plática se concentra en el amplísimo y costoso vestuario que Granier presume a sus interlocutores.
Con un orgullo tan grande como sus evidentes carencias personales, cuenta sobre su amplio guardarropa formado por 300 trajes, 400 pares de zapatos y más de mil camisas, todo de marca.
El ex gobernador tabasqueño se muestra como una persona muy preocupada por los bienes materiales.
Se nota que considera que lo que tiene es de suma importancia para demostrar lo que debe parecer que es.
La frivolidad de la conversación sería risible sino evidenciara el apego a sus posesiones, a las que especialmente aquellas que asegura haber adquirido en las mejores tiendas de Estados Unidos, describe con presuntuosidad para admirar a sus interlocutores.
Estas características de la personalidad de Granier Melo explican los latrocinios que se le imputan ya que su notorio apego a las posesiones materiales lo condujeron inevitablemente a los actos de corrupción que dejaron las finanzas del estado completamente quebradas.
Mucho de lo que ocurre en México tiene que ver con la codicia que domina a muchos de los que llegan al servicio público.
La postulación de Rogelio Ortiz Mar, representante sindical del SNTE en esta frontera, como candidato por ese distrito ofendió a muchos priistas no porque este personaje sea un personaje que ejemplifica sobradamente los vicios que prevalecen en el sindicalismo magisterial, sino porque aseguran que esa circunscripción electoral la ganan casi en automático.
No les incomoda que Ortiz Mar sea un hombre que en virtud de que, desde hace cuando menos tres años, goza de una comisión sindical vive del presupuesto sin cumplir sus obligaciones laborales como empleado del sector educativo.
Tampoco les molesta que tenga una categoría laboral que por los antecedentes públicos que hay sobre él, legalmente no le corresponde.
A ellos les enfada que lo hayan mandado de candidato a un distrito que están convencidos no tiene mucha competencia electoral, no como en los otros que comprende el municipio donde los candidatos priistas no tendrán una campaña sencilla.
Les irrita pensar que Ortiz Mar casi tiene asegurada una curul en la próxima legislatura.
Aunque seguramente desconocen que con 15 años de antigüedad como empleado del sector educativo, en 2008 su expediente de carrera magisterial reportó que tenía 10 años en servicio, es materialmente imposible que haya sido maestro, prefecto, sub director, jefe de enseñanza y finalmente inspector general de secundaria.
Quizá no sepan que de acuerdo con los criterios del sistema de escalafón para los trabajadores de la secretaria de educación se requieren muchos más años de antigüedad para llegar a la plaza de inspector que Ortiz Mar actualmente tiene asignada.
Este proceso también evidencia que los abogados de Jesús María Moreno Ibarra no dan una en las acciones judiciales emprendidas por recuperar la candidatura para su cliente y de manera indirecta provocaron que se revelaran rasgos de intolerancia en José Ramón Gómez Leal, quien ya fue registrado como candidato a la alcaldía de este municipio.
Moreno Ibarra ha promovido dos juicios, uno ante los tribunales federales y otro en el tribunal electoral de Tamaulipas, que fueron desechados por improcedentes debido a que sus abogados han interpretado mal el principio de definitividad, uno de los requisitos indispensables para la tramitación de un recurso de semejante.
El primero lo presentó ante la Sala Regional del Trife y aunque a la fecha en que se dictó sentencia el asunto prácticamente había quedado sin materia, fue declarado improcedente porque no había agotado la instancia local electoral de Tamaulipas.
El segundo fue promovido en el Tribunal Electoral del Poder Judicial del estado de Tamaulipas y también fue desechado por improcedente porque, según obra en la sentencia, la denominada cadena impugnativa dentro del PAN aun no concluía, por lo que los actos reclamados por Moreno Ibarra (la modificación del cómputo en el que había ganado el proceso interno y la entrega de la candidatura a Gómez Leal) no habían adquirido el carácter de definitivos ni firmes.
Esta semana Moreno Ibarra anunció que presentó un nuevo recurso ante la Sala Regional del Trife, que, aún sin conocer los términos en que fue elaborada, por los antecedentes de cómo sus abogados le han manejado su asunto existe la posibilidad de que ese órgano jurisdiccional con sede en Monterrey se lo declare improcedente por incumplir con los requisitos antes señalados.
Por otra parte, estos juicios, que obviamente lo han involucrado como tercero interesado, ya tuvieron un efecto en el estado de ánimo de José Ramón Gómez Leal, a quien le favoreció el recuento y modificación de los resultados de la elección interna del 17 de marzo.
El día en que rindió protesta estatutaria como candidato del PAN a la presidencia municipal de Reynosa para luego ser registrado como tal ante el Consejo Municipal Electoral, Gómez Leal perdió completamente el semblante afable que se esfuerza en proyectar.
En la rueda de prensa que ofreció el dirigente estatal del partido la atención de los reporteros se concentró en las acciones legales emprendidas por su adversario para buscar que le retiren la candidatura.
Ante la insistencia sobre el tema, no pudo ocultar su molestia, que llegó a tal grado que también hizo algunos ademanes que denotaban su alterado estado de ánimo.
Al término de la conferencia, en privado incluso llegó al reclamo personal.
Todo eso evidencia una clara falta de tolerancia. Esta conducta es sintomática porque contrasta radicalmente con la imagen pública que ha tratado de construir, especialmente porque en estos tiempos la venta de virtudes es lo que distingue la promoción política.
Tras la detención de la ahora ex dirigente del SNTE, inmediatamente vino el reclamo de acciones semejantes en contra del dirigente del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps, que al igual que Gordillo Morales ha mostrado con toda desvergüenza, con insultante descaro, la cuantiosa fortuna que ha obtenido al amparo del poder.
Si no son sólo palabras, este fin de semana el Presidente Enrique Peña Nieto se ha puesto en el camino de demostrar que las acusaciones penales en contra de Gordillo van más allá de la venganza política.
Durante su participación en la XXI Asamblea Nacional del PRI, el presidente afirmó que su responsabilidad “es lograr que México despliegue todo su potencial”.
Enseguida aseguró que para él no hay intereses intocables.
Aunque no lo contextualizó de manera específica, es claro que el mensaje hace alusión a Elba Esther Gordillo, quien se había convertido en un estorbo para la reforma educativa, cuya importancia para Peña Nieto se entiende porque buscó y logró que fuera elevada a rango constitucional.
Sin embargo como la detención de la ex dirigente magisterial se ha justificado con la persecución de la probable comisión de los delitos que se le imputan derivados del saqueo de las arcas del sindicato, entonces esa parte del discurso del presidente no puede agotarse como referencia exclusiva al caso Gordillo.
Aunque el dirigente del sindicato petrolero mantiene un bajo perfil en su relación con el actual gobierno, la ostentación que él y su familia hacen del exceso de sus bienes materiales también debería ser motivo suficiente para que sea sometido a una investigación.
Es incuestionable que una de las fuentes de su fortuna proviene del dinero del sindicato, pero también que la explicación de su riqueza está en los múltiples negocios que ha hecho para apoderarse de recursos de Petróleos Mexicanos.
Entonces, no hay pretexto que valga para no meterlo a la cárcel.