La Secretaria de la Función Pública, Raquel Buenrostro, en la conferencia de este jueves en Palacio Nacional. Crédito: Especial

Cd. de México (17 octubre 2024)

A 24 horas de haber recibido a los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), el Gobierno federal prácticamente se alista para sustituir a ese órgano autónomo.

La Secretaria de la Función Pública, Raquel Buenrostro, anunció este jueves que, una vez que se apruebe la extinción del Instituto en el Congreso, se enviará una iniciativa para modificar la Ley General de Transparencia, con las nuevas facultades de la dependencia.

En esa reforma legal, dijo, se establecerá la participación de los Tribunales Administrativos para evitar que el Gobierno actúe como juez y parte ante las solicitudes de información que realicen los ciudadanos.

Durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria explicó que los cambios a la Constitución, que hoy están en la Cámara de Diputados, mantienen que los sujetos obligados deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales.

"No cambia nada lo que lo que requiere la gente en cuanto a información. Nosotros ya estamos trabajando en una propuesta de Ley General de Transparencia que garantice que esta Secretaría pueda llevar a cabo todas estas funciones y al mismo tiempo que no sea juez y parte con el involucramiento de otros entes públicos como son los Tribunales Administrativos", afirmó Buenrostro.

"Vamos a trabajar mucho también de la mano con la Agencia de Transformación Digital, para tener muchos datos abiertos y de fácil acceso para la población para que pueda dar seguimiento a toda la acción de Gobierno".

La Secretaria advirtió que, una vez que las responsabilidades en materia de transparencia pasen al Gobierno federal, se pretende hacer más con menos, eliminar los lujos, reducir la burocracia y actuar con mayor eficiencia.

Junto con la digitalización más grande de la historia, añadió, la Administración Pública Federal instaurará una política de datos abiertos y de fácil acceso.

"La transparencia proactiva significa mejor rendición de cuentas y más confianza de la sociedad en las instituciones", expresó.