Ma. Teresa Medina Marroquín

Orbe

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lunes, 4 de noviembre de 2024
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¿Es México una gran nación que desde la Independencia como de su Revolución no ha dejado de luchar, todas y todos juntos, sociedad y gobierno, por establecer cambios trascendentes a su Ley Suprema que es la Constitución General de la República, a fin de alcanzar grandes progresos y calidad de vida?

¿O sólo se trata de un país conflictivo, que todavía a 200 años de su Independencia no ha logrado, ni logrará, la estabilidad que otras naciones, incluso más pequeñas, han descubierto y obtenido en el mismo tiempo o hasta en menos?

La llamada “Crisis Constitucional” que está viviendo el país, reconocida así por la mayoría legislativa de las cámaras de Diputados y Senadores, encabezadas por Ricardo Monreal, Sergio Gutiérrez Luna, Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López, y por el lado de la Corte por la ministra presidenta Norma Piña Hernández, el ministro ponente (de invalidar la elección de jueces y magistrados) Juan Luis González Alcántara Carrancá y seis togados más, ya entró a una fase crucial.

En primer lugar la percepción es que la sociedad mexicana en su conjunto ignora el calibre de las duras batallas políticas y judiciales que México tendrá que enfrentar a nivel interno como inclusive en el exterior, si la izquierda y la derecha mexicanas no llegan finalmente a los acuerdos que debería llegar, evitando escenarios mucho más difíciles y complejos, a los cuales no pocos juristas han llamado la inminente aparición de la selva, donde sólo manda el más fuerte.

UNA CARTA MAGNA “HIPERREFORMADA” MÁS DE 800 OCASIONES

Y en segundo lugar, pero igual de importante que la observación anterior es el análisis histórico que lleva a cabo el jurista Miguel Carbonell, en el que advierte que nuestra Carta Magna ha sido “hiperreformada” más de 800 ocasiones (a través de 257 decretos), lo que comparado con los cambios a otras constituciones como la de España que apenas lleva tres en su historia y la de Estados Unidos con 27 enmiendas (así le llaman en el vecino país del norte a las reformas), la de México no ha parado de sufrir una larga serie de transformaciones que algunos califican de “graves” a la estabilidad nacional, en tanto otros consideran que eso es signo de un país que avanza cada vez más a convertirse en una superpotencia mundial.

¿Quiénes tienen la razón? Sería muy irresponsable opinar al respecto en tan breve comentario de un tema que señala los destinos de una nación, pero que simultáneamente muestra claras evidencias de que el gobierno de Claudia Sheinbaum como sus aliados en el Congreso de la Unión y en las entidades no han dejado de recalcar que todos los cambios a la Reforma Judicial iniciados por Andrés Manuel López Obrador son la esencia de la búsqueda del bien común.

Argumentando, fíjese usted que interesante, “que los efectos avasalladores de la ultraderecha mexicana nunca serán la búsqueda del bien común sino la demolición del bienestar social”.

EN TAMAULIPAS TAMBIÉN SE ELEGIRÁN JUECES Y MAGISTRADOS

No olvidemos por favor que la Reforma Judicial de muchas formas conlleva la participación ciudadana, que nunca se había tomado en cuenta en la designación de jueces, magistrados y ministros en primer término del Poder Judicial Federal, como se prevé se estará realizando en los poderes judiciales de los estados como Tamaulipas, donde intervendrán el IETAM y el Supremo Tribunal de Justicia, y desde luego el propio Congreso del Estado.

Cuyas instituciones y poderes son representados por Juan José Ramos Charre, David Cerda Zúñiga y Humberto Prieto Herrera, este último en su calidad de presidente de la Junta de Gobierno del Congreso.

Asimismo, sin pasar por alto que el gobernador Américo Villarreal Anaya ha ubicado en el centro de su preocupación y ocupación política el bien común y el respeto a los derechos humanos, demostrando con gran esfuerzo que estos son pilares fundamentales que garantizan esos derechos y el bienestar social.

¡Deseándoles un día maravilloso!

tessieprimera@hotmail.com, @columnaorbe, columnaorbe.wordpress.com

 

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