Una ambulancia llega al CETI de Melilla después de que un grupo de unos veinte subsaharianos haya conseguido acceder a la ciudad autónoma. EFE/Archivo

Amnistía Internacional (AI) critica en su informe anual que en España se han seguido registrando denuncias sobre trato ilegal a refugiados y migrantes, así como un "uso innecesario o excesivo de la fuerza" de los agentes en las ciudades de Ceuta y Melilla, en el norte de África.
Ambas localidades son escenario frecuente del intento de entrada por la fuerza de inmigrantes a través de la valla fronteriza con Marruecos.
Según el informe de AI, a finales de 2014 había más de 1.500 refugiados sirios huidos del conflicto de su país que esperaban su traslado a la Península Ibérica, mientras que el grupo parlamentario del gobernante PP (centroderecha) ha presentado una enmienda a una norma para legalizar las "expulsiones sumarias" a Marruecos desde Ceuta y Melilla.
En febrero del año pasado quince inmigrantes murieron ahogados en el mar cuando intentaban entrar a nado en España después de que agentes españoles "emplearan material antidisturbios para impedirlo", lo que dio lugar a una investigación judicial que sigue abierta.
"Cientos de miles de inmigrantes indocumentados siguen teniendo acceso limitado a la asistencia médica" tras una reforma legal de 2012 que obliga a pagar por esos servicios, apunta AI.
Asimismo, critica que una reforma judicial aprobada en marzo de 2014 haya modificado el concepto de jurisdicción universal y limitado la investigación por los jueces españoles de delitos como genocidio, tortura, desapariciones y crímenes de lesa humanidad.
La ONG asegura que durante 2014 hubo "miles de manifestaciones contra las medidas de austeridad del Gobierno" y que se registraron informes sobre supuestos abusos de la Policía contra los manifestantes.
En la actualidad se tramita la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que, a juicio de AI, puede originar más restricciones al ejercicio de la libertad de expresión y de reunión y traería consigo multas a quienes "organicen protestas espontáneas pacíficas".
Otro motivo de crítica es que a las víctimas de crímenes de la dictadura franquista (1939-75) "se les sigue privando del derecho a la verdad, la justicia y la reparación".
Entre los aspectos positivos, el informe subraya que España ha ratificado el Tratado sobre Comercio de Armas, lo que incluye que no las venderá a países que las puedan emplear en violaciones de derechos humanos.
Asimismo, no hubo atentados de la banda terrorista ETA, que anunció el final de la lucha armada en 2011.