Marko Cortes, coordinador del PAN y presidente de la Jucopo, informó del acuerdo. Foto: Tomás Martínez

Los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados acordaron impulsar la eliminación del fuero constitucional al Presidente de la República y todos los servidores públicos del País que tienen esa protección.
En la Junta de Coordinación Política se pactó pedir a la Comisión de Puntos Constitucionales que analice todas las iniciativas que hay sobre eliminación del fuero, para que en breve presente una propuesta de dictamen.
Marko Cortés, presidente de la Junta, comentó que la condición para sacar adelante la reforma es que el funcionario público en cuestión, si tiene una investigación en su contra, podrá seguir en su cargo mientras está el proceso, pero cuando haya la sentencia de un juez, deberá separarse del mismo.
"Los que sean funcionarios públicos y tengan un cargo o señalamiento, podrán seguir en su encargo y podrán ser juzgados, si el juez determina culpabilidad, en ese momento deberá separarse del cargo.
"Esto, con la lógica del principio de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario", explicó Cortés.
El panista resaltó que de esta forma se podrá eliminar la inmunidad procesal a los Secretarios de Estado, el Presidente de la República, los miembros del Congreso y los ministros de la Suprema Corte, entre otros funcionarios con fuero.
Cortés mencionó que el compromiso de las bancadas es apoyar la reforma en breve y dé tiempo de enviarla al Senado antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones.
El acuerdo en la Junta de Coordinación se da un día después de que el diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, convocara a todas las fuerzas políticas a legislar sobre fuero, sin que hubiera la ventaja política de que tal o cual candidato presidencial lo empuja.
Recordó que ha sido una demanda de la sociedad civil y cuestionó que, si las bancadas del PRI, PAN, PRD, MC y Morena están a favor, no se haya discutido el tema.
En tribuna, Álvarez Máynez propuso reformas a los artículos 38, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución, propuesta que sería la base del acuerdo entre bancadas para eliminar el fuero.
La iniciativa plantea modificar el artículo 110 para establecer que el Presidente de la República podrá ser sujeto a juicio político.
En el artículo 111 se enlistan a todos los servidores públicos que serán responsables por la comisión de delitos, faltas u omisiones en que incurran durante el tiempo de su encargo y podrán ser sujetos de proceso penal.
Dicha lista inicia con el Presidente de la República y continúa con los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Estado, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados.
También los titulares de las empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos dependientes del gobierno federal, el fiscal General de la República, el consejero presidente y los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como los integrantes de los órganos constitucionales autónomos.
Sin embargo, se precisa en la propuesta que no podrán ser detenidos, ni privados de su libertad durante el ejercicio de su cargo, y continuarán en funciones hasta que se dicte sentencia condenatoria y ésta haya causado ejecutoria, en atención al principio de presunción de inocencia.