El gobernador Miguel Márquez Márquez ofreció el respaldo y acompañamiento a las madres de cuatro niños guanajuatenses albergados en la Casa Hogar La Gran Familia, en Zamora, Michoacán, para que los menores regresen a su hogar.
El mandatario afirmó que el director del DIF estatal tiene instrucciones muy claras de dar seguimiento y brindar apoyo a las familias.
Desde 2009, las madres de cuatro menores internos en la casa de Mama Rosa, han pedido que les devuelvan a sus hijos, quienes fueron recluidos en esa institución por recomendación del DIF de municipio de Cortázar, del que son originarios.
Ahora que iniciaron los señalamientos de presunto trato inhumano que se daba ese albergue, el gobernador consideró que es una obligación del Estado ayudar a esos menores.
Son niños que en su momento las mismas familias llevaron a la institución, y ahora está todo el apoyo, lo que requieran de parte del DIF estatal, con todo gusto; son niños guanajuatenses y es nuestra obligación velar por ellos, precisó Márquez en la planta de Beiersdorf-Nivea del Puerto Interior, inaugurada este viernes.
Márquez comentó que el asunto de la violencia en la Casa Hogar La Gran Familia, está en manos de la Procuraduría General de la República (PGR), que tendrá que deslindar las responsabilidades.
En diversas ocasiones, desde 2009, las madres de los cuatro niños acudieron al Ministerio Público de Zamora, Michoacán, al DIF estatal y a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) para denunciar que sus hijos, de 9, 12, 13 y 15años de edad, recibían maltrato y tortura en el albergue.
Eran golpeados, les ponían chile en la cara, los tenían en encierro y les daban toques eléctricos en los testículos, documentó la PDHEG en un expediente de queja que inició de oficio en 2010, por la denuncia pública de los progenitores de los niños.
Los menores afectados son Marcos “N”, quien ingresó al albergue en 2006 por un problema de adicción; Luis “N”, quien entró en 2006; José Jacob y Francisco internos desde 2009.

En todos los casos sus padres firmaron un documento con el que autorizan su ingreso, algunos en presencia de Notario Público, además tenían que hacer aportaciones económicas a la institución.
Aunque querían sacarlos del lugar se les negó ese derecho porque había un documento de por medio, denunciaron.
El 2010, la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato abrió de oficio el expediente de queja 137/2010-C por la denuncia pública de los padres en el sentido de que sus niños no recibían un buen trato en la Casa Hogar La Gran Familia y no les permitían visitarlos.
De acuerdo al expediente, una trabajadora social del DIF municipal de Cortazar realizó los trámites y acompañó a los padres de los menores para ingresarlos al albergue de Mama Rosa.
La PDHEG mandó un exhorto a la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán en relación a la situación de los menores y solicitó apoyo profesional a la Directora General del DIF estatal de Guanajuato, Martha Martínez Castro, informó la oficina del Ombudsman en una nota informativa.
En diciembre del mismo año y enero de 2011, las cuatro madres se desistieron de la queja y se mostraron conformes porque la PDHEG y La Comisión Nacional de los Derechos Humanos habían intervenido y tenían la certeza de que sus hijos seguían en albergue.