Ven vacíos institucionales en cuidado de niños

MÉXICO, D.F., julio 19 (EL UNIVERSAL).- La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) señaló que existen vacíos institucionales y legislativos para proteger a los niños que se encuentran privados de los cuidados familiares y bajo la tutela del Estado.

Señaló que, según la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, se calcula que en México hay 29 mil 310 niños en 703 instituciones enfocadas a la atención y cuidado de menores de edad.

Sin embargo, destacó que se desconoce el número exacto, la situación jurídica y las condiciones de seguridad en que viven los menores en los albergues, anexos o granjas de rehabilitación.

Tampoco se sabe cuáles son las que operan de manera irregular.
Por ello, el director de la Redim, Juan Martín Pérez, llamó al Estado mexicano para que cumpla con su deber de proteger a la infancia, pues las autoridades habían sido omisas en realizar las investigaciones relacionadas con el albergue La Gran Familia de Zamora y detener a los responsables de los abusos.

Destacó que este caso debe ser un llamado de atención para las procuradurías de los estados a fin de que no sigan abusando de la separación familiar dentro de sus resoluciones, “sustentadas en su mayoría en prejuicios y discriminación”.

Resaltó que “los jueces están obligados a atender las directrices de la ONU sobre cuidados alternativos y la Convención sobre los Derechos del Niño que llaman a privilegiar el interés superior del niño al tener como primera opción la permanencia con su padre o madre, o con su familia extensa y sólo en casos de excepcionalidad se pueda buscar otra forma de acogimiento familiar o institucional como último recurso, por el menor tiempo posible y sólo bajo supervisión oficial”.

Consideró que en el caso del albergue, las autoridades deben tener especial cuidado en el tratamiento de los niños rescatados para no revictimizarlos, estigmatizarlos o separarlos de sus hermanos si están en esa situación o alejarlos de su lugar de origen.

Agregó que el Poder Legislativo debe establecer una Ley General de Cuidados Alternativos, ya que sin una regulación será difícil proteger los derechos de los niños.


EL UNIVERSAL