Discrepan sobre el ingreso de federales a albergue

MÉXICO, D.F., julio 19 (EL UNIVERSAL).- En el operativo del martes pasado, cuando se intervino el albergue La Gran Familia, se solicitó el apoyo perimetral del Ejército y la Policía Federal para salvaguardar la integridad de los menores, pero elementos no ingresaron al lugar.

De acuerdo con Tomás Zerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), “al momento que nos presentamos a la casa-hogar no se nos permitió el acceso, solicitamos una orden de cateo y al ingresar la sorpresa fue mayúscula, porque encontramos a más de 500 personas dentro del albergue en una situación de insalubridad impresionante”.

Sin embargo, personas ajenas a las autoridades federales que atestiguaron el operativo, dijeron que las acciones estuvieron coordinadas por la PGR.
Afuera del albergue, se pudo confirmar que elementos del Ejército y de la Policía Federal aseguraron el perímetro inmediato al inmueble, pero también que ingresaron unos 120 uniformados, algunos embozados y que portaban armas, dijeron algunos testigos.

Zerón de Lucio explicó el despliegue policiaco que se instrumentó. “Es importante estar en el lugar de los hechos, nos encontrábamos en Michoacán, en donde quien está haciendo la labor preventiva, llamemos policial, es el Ejército, quien nos dio el apoyo fue el Ejército”.

Reiteró que “a los militares solicitamos que dieran seguridad perimetral, con la finalidad solamente de salvaguardar la integridad de los infantes, no ingresaron ellos, no ingresó la Policía Federal, ingresamos nada más personal de la PGR”.

Fuentes gubernamentales señalaron que el juez que firmó la orden de cateo exigió que trabajadores sociales y personal de derechos humanos estuviera presente.

Por ello, se formó una brigada interdisciplinaria, coordinada por la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

La brigada estuvo integrada por 40 personas (médicos, paramédicos, trabajadores sociales, sicólogos, miembros de la sociedad civil); también ingresó personal del DIF.

Desde el primer día del operativo, la escuela de música fue habilitada como centro de Ministerio Público, donde un equipo numeroso de agentes tomaron la declaración ministerial de indiciados y familiares el primer día.

El segundo día comenzaron a tomar la declaración ministerial de la población del albergue.
Equipo de peritos de ADN también comenzó a trabajar desde el primer día.

Para el segundo día habían tomado muestras de sangre a unas 180 personas (madres e hijos), de unos 80 casos. Estiman que los resultados estarán listos en un mes, aproximadamente.

En el albergue vivían poco menos de 600 personas, la mayoría adolescente y niños, pero también personas de más de 40 años.

Mientras, los médicos y paramédicos que ingresaron notaron que la mayoría de la población del albergue padecía desnutrición.

Según testimonios de las niñas y adolescentes, en la escuela sí se les daba educación sexual. Sin embargo, no tenían acceso a ningún tipo de protección anticonceptiva ni para prevenir contagios de enfermedades de transmisión sexual.

En un mismo dormitorio, pernoctaban personas del mismo sexo, pero de distintas edades. Así, en un sólo lugar podían pasar la noche niños de 10 años, con hombres de 40.

Cada dormitorio tenía a cargo un supervisor, quien se había ganado la confianza de Mama Rosa.
El primer día, perros entrenados olfatearon el terreno adjunto (también propiedad de Mama Rosa). Hallaron dos posibles puntos de inhumación clandestina.


EL UNIVERSAL