Rogelio Rodríguez Mendoza

Confidencial

¿Ignorancia o valemadrismo?

La violación a los derechos humanos de los tamaulipecos, y de los mexicanos en general, es una constante. Las miles de quejas que reciben los organismos defensores de la dignidad humana y los millones de amparos que se promueven ante las instancias jurisdiccionales, son prueba contundente de la gravedad del problema.
Frente a esa situación, cabría preguntarnos: ¿Los servidores públicos que violan derechos humanos lo hacen por ignorancia o por valemadrismo?.
Seguramente hay de los dos: aquellos que atropellan los derechos ciudadanos por desconocimiento y los que lo hacen porque creen que, en su posición de poder, “solamente sus chicharrones truenan”.
Desde mi perspectiva, creo que el principal factor que origina la violación de derechos humanos es la ignorancia.

Muchos servidores públicos no tienen la mínima noción de ese tema, y en consecuencia hacen lo que creen está bien cuando en realidad están atentando contra derechos fundamentales de la persona.
El ejemplo más evidente de ello lo son los policías.

Una gran mayoría de ellos desconoce que, en su calidad de representantes de la autoridad, tienen una serie de limitaciones Constitucionales y legales con respecto a los ciudadanos.
La consecuencia es de que en ese desconocimiento terminan cometiendo aberraciones legales que vulneran y pisotean la dignidad de los ciudadanos que llegan a caer en sus manos.
Pero no solo los policías están en esa situación.

Lo mismo sucede con los maestros, y muchos otros servidores públicos de todos los niveles en las administraciones federales, estatales y municipales, quienes cometen pifia tras pifia en la creencia de que hacen lo correcto.
Por esa razón, resulta bastante oportuna la propuesta de la bancada parlamentaria del Partido Nueva Alianza, que, a través de una iniciativa de decreto, busca imponer como una obligación de los servidores públicos tamaulipecos, recibir capacitación en materia de derechos humanos.
La propuesta del PANAL, que se encuentra en análisis del Congreso del Estado, es de incluir esa obligación en el texto de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Obligar a que todo servidor público tenga nociones mínimas de derechos humanos, permitirá que a corto o mediano plazo, esas miles de quejas y amparos que se presentan anualmente, vayan disminuyendo.
Ojala y que la iniciativa del PANAL logre llegar al Pleno y que encuentre el respaldo de todos los diputados.

Sería algo bastante sano para una sociedad que está muy agraviada.
ASI ANDAN LAS COSAS.
roger_rogelio@hotmail.com