Rogelio Rodríguez Mendoza

Confidencial

Justicia oral: ¿Cambio real o más de lo mismo?.

A partir de hoy faltarán, exactamente, 10 meses para que sea obligatoria la implementación del sistema de justicia penal, acusatorio y oral, en todo el país y para todos los delitos.

Así lo mandata la reforma Constitucional del 18 de junio del 2008, que otorgó una “vacatio legis” de ocho años a los Gobiernos federal y estatales para concretar el nuevo modelo de enjuiciamiento penal.
En la implementación de la nueva forma de impartir justicia, a través de juicios orales, están cifradas las esperanzas de millones de mexicanos, de contar con un sistema procesal confiable y transparente, donde se castigue a quien realmente cometió un delito y que no se sigan llenando las cárceles de inocentes.
Pero, ¿será realmente el sistema acusatorio y oral la solución al desastre que representa el modelo actual de justicia penal? ¿En verdad la vigencia de una nueva Codificación Penal será suficiente para terminar con años de corrupción y podredumbre en el sistema de justicia?.
La respuesta a esas y otras interrogantes las conoceremos seguramente en poco tiempo.

De hecho, no se necesitarán más que algunos meses para saber si realmente el procurar e impartir justicia mediante juicios públicos, es la fórmula acertada para revertir toda esa desconfianza ciudadana que la justicia viene arrastrando desde hace varias décadas.
Y la verdad, ojalá que así sea.

Sería muy lamentable que los esfuerzos para construir todo un andamiaje Constitucional, legal y físico, para sostener el sistema de justicia penal, concluya con un fracaso.

Más allá de los miles de millones de pesos que serán invertidos y que se irían a la basura, el costo más grande sería el desencanto social que el fracaso implicaría.
La expectativa que el Estado Mexicano ha generado entre los ciudadanos con esta reforma Constitucional es muy alta, demasiado prometedora, como para que a la vuelta de uno o dos años los justiciables nos demos cuenta de que no funcionó.
En el caso de Tamaulipas , los esfuerzos institucionales por atender el mandato Constitucional , van acordes con los tiempos.

No hay duda de que el Estado cumplirá puntual con la obligación de tener el sistema implementado en todo el estado y para todos los delitos el próximo 18 de junio.
De hecho, desde el 15 de octubre al uno de marzo próximos el modelo acusatorio y oral será incorporado gradualmente en el 90 por ciento de los municipios y con el 75 por ciento de los delitos.

En el caso de Río Bravo, San Fernando y Mante, serán incorporados a más tardar el 13 de junio.
Vale señalar que actualmente, el sistema opera en los distritos judiciales de Victoria, Padilla, Soto la Marina, Tula y Valle Hermoso con 36 delitos, pero a partir del 15 de octubre se le anexarán a su competencia otros 50 delitos.
Pero como le decía, lo que interesa realmente conocer es si la nueva forma de procurar e impartir justicia va a funcionar o no.
En los poco más de 20 estados , incluido el nuestro, donde el sistema acusatorio ya lleva algunos años implementándose parcialmente, no se percibe todavía un cambio sustancial con relación a la forma tradicional de impartir justicia.
Ojala y pronto podamos escribir sobre esa transformación que tanto anhelamos los mexicanos en relación con la justicia.

Hagamos votos para que así sea, porque después de la seguridad pública el mayor reclamo ciudadano está vinculado a la justicia.
ASI ANDAN LAS COSAS.
roger_rogelio@hotmail.com